La violencia sexual a través de internet empieza de media a los 13 años, la mitad de los agresores son personas desconocidas y el 95 % no tiene antecedentes penales.

Son datos del análisis realizado por Save the Children de sentencias judiciales dictadas entre 2021 y 2022, fechas anteriores a la entrada en vigor de la Ley 10/2022 de Garantía de libertad sexual en octubre de 2022, por lo que los casos se califican como abusos sexuales, que con la nueva norma pasan a ser agresiones sexuales.

Las niñas representan un 57,4 % del total de víctimas, mientras que los niños lo son en el 42,6 % de los casos; cuando se trata de abusos sexuales físicos, el 8 de cada 10 víctimas son niñas.

En casi la mitad de los casos de abusos sexuales contra la infancia a través de internet analizados el agresor es una persona desconocida y el 95,1 % de los abusadores no tiene antecedentes penales de ningún tipo, detalla la entidad de protección a la infancia.

Los menores comienzan cada vez más temprano a relacionarse a través de la red: la edad de primer acceso se sitúa ya en los 7 años e internet es utilizado por el 95,1 % de los niños y niñas de entre 10 y 15 años, recuerda el estudio.

Save the Children destaca la necesidad de contar con una justicia especializada que garantice los derechos de las víctimas infantiles de cualquier tipo de violencia.

Según los últimos datos del Ministerio del Interior, en 2022 se presentaron 954 denuncias por delitos sexuales a través de la red que tenían como víctima a un menor. Además, las denuncias que tienen como víctima a la infancia y adolescencia representan el 84 % del total de este tipo de delitos.

“Estos datos muestran que los niños y niñas son un colectivo especialmente vulnerable frente a la violencia a través de internet. En el caso del ‘online grooming’ hay que recordar que el abusador se va ganando poco a poco su confianza para involucrarlos en una actividad sexual, que puede ser desde hablar de sexo y obtener fotos o vídeos hasta mantener un encuentro sexual”, señala Catalina Perazzo, directora de incidencia social y política.

Save the Children muestra también su preocupación por el tiempo de duración de los procesos judiciales, que llegan a prolongarse entre dos y tres años.

Entre sus recomendaciones, implantar juzgados especializados en atención a la infancia, crear una Fiscalía específica de violencia contra los niños y asistencia jurídica a las víctimas para que estén acompañadas desde el inicio hasta el final del proceso.

La entidad de infancia apuesta también por implantar en todas las comunidades autónomas el modelo Barnahus o “casas de los niños”, un proyecto de atención integral donde todas las instituciones que intervienen en un caso de abuso sexual infantil se coordinan y trabajan bajo el mismo techo para evitar la victimización secundaria.