La Fiscalía ha concluido la investigación en torno a las supuestas contrataciones irregulares desarrolladas por la diputada popular María Dolores Faraldo durante su etapa como alcaldesa de Betanzos. Producto de estas diligencias, el Ministerio Público concluye que existen “indicios racionales incriminatorios con la entidad y pluralidad necesarias para poder sustentar una imputación formal”, y con esta conclusión, ha remitido al Tribunal Superior de Xustiza de Galicia un escrito donde reclama que se dicte contra ella –y otras dos personas– auto de procesamiento por delitos de prevaricación administrativa y falsedad en documento oficial y mercantil.
Los hechos por los que pide su procesamiento parten de la acción del pleno de Betanzos, que en 2011 remitió a la Fiscalía un informe del secretario municipal donde se advertía de posibles ilegalidades “generalizadas” en los contratos durante el mandato de Faraldo, por los que aún hoy ejerce la acusación particular contra ella, a través del letrado José Luis Gutiérrez Aranguren.
En concreto, la Fiscalía encuentra indicios de criminalidad en la contratación, durante el curso 2009/2010, de un profesor del Conservatorio de Música que en aquel período ejerció, “impartiendo clases y firmando las actas del claustro de profesores y de evaluaciones de alumnos”, pero sin estar contratado como profesor y cobrando mediante facturas en las que figuraba como “reparador de instrumentos”. Aunque en la denuncia municipal constaban más posibles irregularidades, el fiscal solo ve indicios de delito en este contrato.

tráfico de influencias
De las pesquisas recabadas en los últimos meses, el miembro de la Fiscalía Superior de Galicia Carlos Mariscal de Gante concluye que la contratación del profesor (también imputado) se realizó de forma ilegal a propuesta del director del Conservatorio, respecto al cual se solicita igualmente el procesamiento por un delito de tráfico de influencias.
Siguiendo su tesis, después de solicitar la contratación del profesor para el Conservatorio y de que la propuesta fuera rechazada por el Ayuntamiento por no quedar plazas vacantes en la Relación de Puestos de Trabajo, la exalcaldesa aceptó la propuesta del director para pagar al docente a través de facturas. “Y ello –indica el fiscal–, pese a que había sido advertida expresamente por el secretario municipal de su ilegalidad (la del procedimiento)”.
Las acusaciones determinan que la imputada actuó “de espaldas” al secretario, a los interventores y al asesor jurídico municipal (todos negaron tener conocimiento de los hechos y algunos aportaron documentación donde advertían de la irregularidad de este contrato) “al decidir contratar (...) pese a haber sido advertida por el secretario de su ilegalidad, constándole el rechazo por el departamento de personal del Ayuntamiento de la propuesta del director del Conservatorio, siendo además conocedora de que dicha persona no figuraba en la relación de profesores contratados que ella misma había aprobado”.
A este respecto, inciden en que su actuación fue “absolutamente arbitraria” y “maliciosa”, por advertir al docente de “los pasos que tenía que seguir para burlar la legalidad” y subrayan que actuó “prescindiendo absolutamente del trámite establecido”, al indicar incluso al profesor cómo tenía que darse de alta como autónomo y expedir facturas en concepto de mantenimiento y reparación de instrumentos, que posteriormente ella firmó y validó. Sobre estos últimos hechos se sustenta la imputación por falsedad documental.

reacción
Preguntada ayer, Faraldo señaló que la petición de la Fiscalía responde a un trámite habitual dentro de una instrucción de un sumario y descartó la prevaricación, vinculando la denuncia a la “mala relación notoria, conocida dentro y fuera del Ayuntamiento, que le profesaba el secretario municipal”.
“Estoy convencida de que no hubo prevaricación porque nadie me dijo que no se pudiera hacer”, señaló respecto al secretario, del que indica: “Al margen de lo que declaró al juez, no existe ningún informe donde me advierta”.