La exministra de Justicia Dolores Delgado superó ayer el primer trámite para ser fiscal general del Estado al obtener el aval del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), aunque la división en el órgano de gobierno de los jueces dejó de manifiesto las dudas que suscita su polémico nombramiento.

Doce vocales votaron a favor de la propuesta del Gobierno de Pedro Sánchez y siete, parte del bloque conservador, lo hicieron en contra al considerar que su candidatura crea “una apariencia de vinculación” con el Ejecutivo que impide garantizar “la imagen de autonomía e imparcialidad” de la Fiscalía.

Sin referencias a los méritos

Tras poco más de una hora, el pleno se limitó a constatar en su informe que la exministra cumple los requisitos que exige la ley para el cargo de fiscal general –quince años de ejercicio profesional como jurista de prestigio–, sin hacer referencia a sus “méritos” o “idoneidad”, como sí ocurrió en el caso de sus antecesores en el cargo.

“A la vista de la documentación recibida, cabe concluir que se cumplen en la candidata referida los requisitos exigidos por la legislación invocada”, señala el acuerdo adoptado según la propuesta del presidente del Consejo, Carlos Lesmes.

Una fórmula aséptica

Prescindir de los términos “méritos” o “idoneidad” fue la fórmula “aséptica” propuesta por Lesmes, para intentar concitar el mayor consenso posible en torno al informe sobre Delgado, consciente de que su candidatura contaba con muchas reticencias en el bloque conservador, mayoritario en este Consejo.

Pero el presidente, perteneciente a ese bloque, solo convenció a dos de los vocales propuestos en su día por el PP, Rafael Fernández Valverde y Ángeles Carmona.

No le apoyaron siete vocales conservadores que, en un voto particular elaborado por Nuria Díaz, niegan que Delgado sea idónea para desempeñar el cargo y sostienen que las funciones que debe cumplir como fiscal general podrían estar “expuestas al riesgo” de que el Ejecutivo “influya en sus decisiones”.

“No basta que se haga justicia, sino que es necesario que se vea que se hace justicia”, indican estos vocales en alusión a un proverbio inglés del que se sirven para argumentar su oposición a Delgado.

Los magistrados no dudan que cumpla los criterios técnicos para encabezar la Fiscalía, pero cuestionan que le acompañe la “imparcialidad” que “tan alta responsabilidad implica”.

Acceder a la Fiscalía General inmediatamente después de cesar como ministra y diputada por el PSOE, dice el voto, “supone un serio impedimento para garantizar a la ciudadanía la imagen de autonomía e imparcialidad” de este órgano.

Dos vocales, Concepción Sáez y Rafael Fernández, anunciaron un voto particular concurrente, al que se adherirá Ángeles Carmona, en el que mostrarán su conformidad con la decisión mayoritaria pero puntualizarán algunos de los argumentos.

El informe del CGPJ no es vinculante, pero sí preceptivo, y con él se rompió la tendencia al consenso que este Consejo había mantenido en los últimos años al analizar las propuestas para la Fiscalía General.

Hubo unanimidad ante la fiscal progresista María José Segarra, propuesta por Pedro Sánchez, y con los otros tres fiscales anteriores, con el Gobierno de Rajoy.