Los balances anuales del Ayuntamiento, unos documentos con los que trabaja habitualmente la Asociación Provincial de Empresarios de la Construcción de A Coruña (Apecco), no dejan lugar a dudas: la ejecución presupuestaria municipal desde que comenzó la crisis no ha llegado ningún año al grado que, según el sector, sería óptimo para crear puestos de trabajo y asegurar la supervivencia de las empresas del sector en condiciones razonables. Además, desde el punto de vista de los empresarios –que hace escasos días se reunieron con la alcaldesa para exigir mayor inversión en este mandato– la reducción de gasto en los últimos ejercicios no solo impidió a los ciudadanos contar con nuevas infraestructuras sino también carecer de mantenimiento que alargue la vida de las que ya existen. 

Miembros de la directiva de Apecco tuvieron la oportunidad de debatir con representantes municipales hace unos días sobre la necesidad de que se incremente el grado de inversión, así como de otros asuntos. El presidente del colectivo, Diego Vázquez Reino, recalca a este diario que lo ideal sería que la partida destinada a obras de distinta índole se cumpliese “al menos hasta cerca del 70%, que empieza a ser lo razonable”. 

“Todo lo que baje del 50% es un desastre”, incide sobre la afección a los negocios, y de hecho esta circunstancia les ha generado muchas preocupaciones en los últimos años. Desde que empezó la recesión económica allá por 2008 ha habido seis balances anuales de gobiernos de distinto color político de A Coruña que estuvieron por debajo de ese porcentaje de cumplimiento del presupuesto definitivo. 

En realidad, en 11 años –y a la espera de saber lo que ocurrirá al cerrar 2019, en el que las elecciones lo han trastocado todo nuevamente– nunca se ha rozado el 70% que marca el sector como la barrera para que las cuentas empiecen a salir y las instalaciones públicas estén bien conservadas.

Casi 30 millones
Echando la vista atrás, con datos que publica el propio Consistorio en los balances de gestión, solo en 2014 hubo un acercamiento a ese porcentaje. Se gastó el 65,5% de lo que estaba previsto en el capítulo de inversiones, lo que en números absolutos fueron casi 30 millones de euros. Durante el tiempo en el que gobernó Marea Atlántica fue cuando bajó más el cumplimiento de las cuentas municipales a pesar de que tanto el bipartito entre el PSOE y el BNG y el PP tuvieron que gestionar la ciudad en medio de la recesión en el transcurso de la recesión. 

Si bien es cierto que en 2015, cuando la Marea se hizo con el poder, el porcentaje de cumplimiento sobre el presupuesto definitivo fue del 60,4% (28.052.975 euros) lo cierto es que se heredó parte del trabajo hecho con anterioridad por los populares de Carlos Negreira. En 2018, gracias a los fondos destinados a la cubierta del estadio de Riazor se subió de un 24,5% a un 47,6%. 

En la época del bipartito entre socialistas y nacionalistas hubo una buena ejecución pero también fue porque había dinero de los fondos FEIL que era obligatorio gastar en cada anualidad para que no perderlos. El PP tuvo años bajos pero en 2013 y 2014 remontó por encima del 60% y compartió méritos, dentro de lo que cabe porque no se cumplieron los objetivos empresariales, con la Marea en 2015. 

Más diversidad de criterios
Es verdad que a los empresarios les gustaría que cada vez se guardase más dinero para gastar en crear nuevas instalaciones o en hacer obras para mantener lo que ya hay en la ciudad porque llegar al 70% se traduciría en mucho más volumen de movimientos económicos pero, aún así, se conforman con el porcentaje sin atender a los números absolutos. 

Vázquez Reino afirma que es el grado necesario para sostener y aumentar los “puestos de trabajo” y que las empresas puedan trabajar porque de lo contrario “pierdes oportunidades”. Antes, dice, hubo momentos en los que había “una treintena de empresas trabajando con la Administración” pero la situación ya no es la misma. 

El grado de cumplimiento es mucho más alto en localidades próximas como “Oleiros, Arteixo o Carballo”. Y al margen de alcanzar un mínimo de gasto, el sector también solicita que no se siga el camino de valorar únicamente los criterios económicos en las licitaciones públicas.