La asociación coruñesa de waterpolo pedirá a la Fiscalía que abra diligencias para determinar si la empresa Gaia Gestión Deportiva pudo incurrir en un delito de coacciones al prohibir a varios de sus deportistas el acceso a una de las tres piscinas que gestiona en la ciudad, la de Elviña, donde el equipo entrenaba hasta el pasado mes de agosto.
Según consta en la demanda de conciliación presentada ayer por registro en los juzgados, la última desavenencia con la empresa con la que el club tenía suscrito un convenio para utilizar el complejo deportivo tuvo lugar este domingo, cuando las deportistas del programa Waterpolo Girls acudieron a la piscina de Elviña para retomar sus clases y el personal les denegó la entrada.
El presidente de la entidad deportiva, Carlos Cayado, denuncia que la concesionaria se escuda para ello en la rescisión de ese convenio, a pesar de que el uso de una calle de esa piscina fue una solicitud que el club realizó en mayo y que no fue contestada hasta el domingo, cuando los deportistas fueron informadas de que se les prohibía el uso de la piscina donde venían entrenando desde marzo.
“Eso no tiene nada que ver con el convenio, era algo que solicitamos como hace cualquier entidad deportiva que paga por un espacio”, se queja el también entrenador, después de exponer que se vio obligado a llamar a la Policía Local para que levantara acta de lo ocurrido.

indemnización
El incidente se hace constar en la demanda de conciliación, donde la asociación deportiva reclama al juzgado que haga cumplir el convenio por el cual se le permitía usar ciertos espacios del complejo, y que fue revocado el pasado mes de julio pese a que no concluía hasta el 30 de este mes.
En el documento, el club culpa a la empresa de impedir el uso de la piscina a los deportistas asociados “coartando la libertad de uso de una instalación pública –es propiedad de la Xunta– debidamente regulada” y exige una compensación económica para el caso de que Gaia se niegue a cumplir un acuerdo que rompió, según la asociación de waterpolo, de forma injustificada, para favorecer a otra entidad deportiva de la ciudad.
En todo caso, considera que la prohibición de uso de la piscina a los miembros del club y el rechazo a admitirlos como abonados coarta la libertad de los deportistas y podría constituir un delito de coacciones, además de una infracción administrativa. n