La ley de Protección a la Infancia y la Adolescencia frente a la Violencia que aprobará el Gobierno el próximo martes incluye en los delitos de odio la edad como causa de discriminación, tanto sobre menores, como sobre mayores, y medidas de prevención de la radicalización en los jóvenes.

Son algunas de las novedades que se recogen en el anteproyecto, trasladado al Consejo de Ministros por la Vicepresidencia Segunda de Derechos Sociales y Agenda 2030, junto a los ministerios de Justicia e Interior, ya que incluye la reforma de más de una decena de leyes.

Las víctimas podrán denunciar los abusos sexuales hasta que cumplan los 30 años, y no hasta los 18 como ocurre ahora; los colegios tendrán normas claras sobre cómo actuar ante el acoso escolar, y la policía y los jueces formación para detectar y abordar las situaciones de maltrato infantil.

La ley, que también se conoce como ley Rhodes, se estructura en 58 artículos e incorpora una definición amplia de violencia, que abarca cualquier tipo de maltrato físico, psicológico y emocional, incluidos los castigos físicos o el trato negligente, y convierte a la infancia en un bien colectivo de especial protección, situando a los menores como titulares de derechos subjetivos.

Con ella, se perseguirán nuevos delitos cometidos a través de internet, incorporando la incitación al suicidio, a cometer infracciones sexuales o la promoción de trastornos alimenticios.

Así, la difusión a través de internet, del teléfono o de cualquier otra tecnología de contenidos destinados a promover o incitar al suicidio de menores o personas con discapacidad de especial protección será castigada con la pena de prisión de uno a cuatro años.

En la nueva regulación a los delitos de odio, incorpora la edad como causa de discriminación, incluyendo la aporofobia y la exclusión social dentro de estos tipos penales del Código Penal. Se establece el deber de cualquier persona que advierta una situación de desprotección, riesgo o violencia sobre un menor a comunicarlo ante la autoridad competente.

Para proteger a los menores frente a los procesos de radicalización y adoctrinamiento que conducen a la violencia, establece que las Administraciones Públicas adopten medidas de sensibilización, prevención y asistencia de las mismas en los casos en que ésta llegue a producirse.