El Ayuntamiento suma otra sentencia favorable a la de la anulación del derribo del Conde de Fenosa de la semana pasada. Según informó ayer durante el pleno el concejal de Urbanismo, Martín Fernández Prado, el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) ha revocado la sentencia de septiembre de 2012 que condenaba al gobierno local al pago de 2,3 millones a los propietarios de Náutica, que pedían una compensación por el reparto del aprovechamiento urbanístico que realizó en 1998 la administración municipal en el polígono residencial, todavía en obras.

El de Náutica, en San Roque de Afuera, era uno de los grandes pleitos urbanísticos del  Ayuntamiento pendientes de resolver. El caso no está cerrado. Los propietarios de los terrenos presentaron en total 13 reclamaciones en los juzgados, que, de confirmarse, sumarían 34 millones en indemnizaciones.

Fernández Prado confía en que la resolución del resto de denuncias siga el mismo camino que la del dictamen del Tribunal Superior, que revocó la primera sentencia al entender que el caso había prescrito y que la denuncia se presentó de forma extemporánea. De hecho, posterior a esta resolución, el edil asegura que ya se emitieron dos sentencias en la misma línea que la del TSXG, todavía recurribles, y que libran al Ayuntamiento del pago de más de cinco millones.

El teniente de alcalde de Infraestructuras dio a conocer la existencia de estas sentencias en respuesta a una pregunta oral del BNG, que pedía explicaciones sobre los motivos por los que no se revisan de oficio los estudios de detalle de 2001 y 2002 del Agra de San Amaro, otro pleito urbanístico del Ayuntamiento.

Las denuncias son fruto del cálculo de la edificabilidad que se realizó en 1998

Tal y como manifestó durante la sesión la concejala nacionalista María Xosé Bravo, los documentos fueron aprobados “de forma ilegal polo ‘vazquismo’ no 2001 e 2002, xa que carecían do informe perceptivo de Patrimonio e vulneraban o plan especial de protección da Torre de Hércules”. Entienden que el Ayuntamiento no debería seguir adelante con sus planes para compensar a los promotores privados del Agra de San Amaro con edificabilidad en la cantera de Adormideras, ya que hace tiempo que expiró el plazo para “patrimonializar” el aprovechamiento urbanístico reconocido en 1998.

En respuesta a la pregunta de los nacionalistas, Fernández Prado recordó que existe ya una sentencia favorable al gobierno local en la que se rechaza la pretensión de uno de los promotores de ser indemnizado después de que el Ayuntamiento le denegase una licencia de obra en la zona. Pese a esto, asegura que el derecho al aprovechamiento urbanístico de los propietarios del suelo está reconocido en un documento aprobado en pleno en 2002, y reprochó a Bravo que no revisase los estudios de detalle en su época en el bipartito.