Los afectados por las participaciones preferentes y subordinadas dispondrán, a partir de junio, de asesoramiento jurídico gratuito. El servicio durará un mes, aunque se podrá prorrogar si se mantiene la demanda. La atención se realizará en el colegio de abogados y correrá a cargo de cuatro letrados seleccionados por el propio colectivo, previa solicitud del correspondiente volante en la Oficina Municipal de Información al Consumidor (OMIC).
El alcalde, Carlos Negreira, y el decano coruñés, Antonio Platas, firmaron ayer el convenio de colaboración con el que se materializa la iniciativa, que tiene como objetivo ofrecer “apoyar” a las familias ahorradoras afectadas por la comercialización de estos productos financieros. Se trata de un servicio demandado al Ayuntamiento por los propios afectados para informarles sobre este asunto y responder a las dudas que planteen.
“Es un problema que afecta a un colectivo numeroso que ha visto cómo se les colocaba un producto que no se adaptaba a su perfil de ahorradores”, manifestó ayer el primer edil durante la firma del protocolo, que tuvo lugar en la sede del colegio de abogados, en Federico Tapia. Negreira reconoció que existe “mucha gente que está pasando por una situación” complicada, y que esta medida busca “paliar” las dificultades que atraviesan.
A través del convenio, la oficina municipal de consumo remitirá todas las consultas sobre este asunto que se soliciten a la instalación que habilitará el colegio de abogados en su sede de Federico Tapia. Por su parte, el colectivo que preside Antonio Platas realizará una convocatoria pública a través de su página web y por correo electrónico para seleccionar al equipo que se encargará de atender a los afectados.
A la oficina de asesoramiento gratuito, el Ayuntamiento sumará la organización de una conferencia informativa y formativa sobre participaciones preferentes y obligaciones subordinadas, que será impartida por un experto en el tema.

viviendas sociales
Al margen del convenio, el Ayuntamiento también informó ayer de otra medida en materia social: la apertura del plaza para solicitar uno de los 11 pisos de titularidad municipal que ofrece el gobierno en alquiler.
Los inmuebles, ubicados en el grupo de viviendas Virgen del Carmen de Labañou, están dirigidos a las familias con menos recursos económicos, y por primera vez podrán acceder aquellas personas que se encuentren inmersas en un procedimiento de desahucio.
La renta de los pisos oscilará entre los 100 y los 180 euros al mes. Los inquilinos solo pagarán el 3% de la valoración de la vivienda, más el incremento correspondiente al IPC anual, aunque el porcentaje puede bajar hasta el 1,2% en el caso de las familias con menos recursos. A la hora de adjudicar los pisos se tendrá en cuenta el número de personas de la familia. n