El plazo marcado por la presidenta de la comisión de peticiones, Erminia Mazzoni, para que los tres eurodiputados que componían la delegación a la ría de O Burgo llegaran a un acuerdo sobre el informe final de la misión ha finalizado y lo ha hecho sin acuerdo. Ayer se volvía a debatir sobre este asunto en la institución europea y sin nuevos avances, por lo que serán los servicios jurídicos europeos los que indiquen cómo seguirá el proceso.
Ante la falta de un documento único elaborado por los tres responsables, se votó el escrito redactado en solitario por el presidente de la delegación, el conservador Philippe Boulland, que lo definía como “equilibrado y objetivo”. Pero no consiguió los síes necesarios para que siguiera adelante, aun con la insistencia de Mazzoni de que las posturas contrarias se podrían incorporar a través de enmiendas. No hubo concierto y, de nuevo, se abrió un encendido debate entre conservadores frente a ecologistas y progresistas.
El mayor desacuerdo viene derivado del cambio de actitud de Boulland que, pese a lo crítico que se mostró en su visita a Galicia por el estado de las rías, ahora defiende la actuación de las administraciones públicas porque le parece “que responden a largo plazo a las quejas legítimas de los peticionarios”. Además, insiste en no incluir el caso de Ferrol y la planta de Reganosa en el texto porque la petición “no se presentó oficialmente” antes de la misión. Y es aquí donde discrepa con sus compañeras, Angelika Wethmann, del grupo de la Alianza de los Demócratas y Liberales por Europa, y Tatjana Zdanoka, del grupo de los Verdes / Alianza Libre Europea. Esta última denunció además, no haber recibido previamente el documento que se llevó a votación, otro nuevo problema en la tramitación que se une a los ya muchos anteriores.

Situación insólita
La más critica con Boulland, una vez más, fue la portavoz del BNG en la comisión –dentro del grupo Verdes / ALE–, Ana Miranda, que cree que el eurodiputado ha perdido toda “credibilidad”. Los nacionalistas acusan al PP de intentar sacar adelante un informe que “lave a cara á Xunta”, cuando la descripción de los hechos vistos en Galicia “debería hacerse por consenso”.
El popular Millán de Mon, en cambio, defendió que ante la imposibilidad de acuerdo debería prevalecer el texto del presidente de la misión, al que cree que se ha obviado al darse a conocer al público los documentos elaborados por la otra parte.
En lo que todos parecen estar de acuerdo es en la situación insólita que se está viviendo con este caso. “Estamos dando un espectáculo que no es de recibo”, llegó a declarar la presidenta.  Parece que nunca había pasado algo similar, según se deduce de las declaraciones de todos los intervinientes de distintos países,  y por ello tampoco hay acuerdo en la forma en la que actuar ahora. Serán los servicios jurídicos los que se tengan que posicionar, no antes de septiembre, momento en el que podría regresar el debate de la ría a la comisión.