Nueva fecha para la aprobación de la gestión mancomunada de la depuradora. Los alcaldes de A Coruña, Arteixo, Cambre, Culleredo y Oleiros pactaron el pasado 22 de enero, en una reunión en María Pita, autorizar, en los respectivos plenos de cada municipio de febrero, la explotación conjunta de la infraestructura, a través de una sociedad mercantil, Edar Bens, participada por los cinco municipios. Los acuerdos alcanzados se vieron truncados por las dudas de las secretarias generales de los ayuntamientos de Cambre y Culleredo, por lo que el alcalde coruñés, Carlos Negreira, decidió convocar a sus homólogos a un nuevo encuentro que se celebró ayer en el palacio municipal, y en el que, según el propio Negreira, todos mostraron su voluntad de llevar a los plenos de abril la aprobación de la gestión conjunta de la infraestructura.

“Todos los ayuntamientos caminamos en la misma dirección”, destacó el regidor coruñés a la salida del encuentro con los representantes de la comarca. Negreira reconoció que durante el proceso se produjeron “algunos pequeños problemas técnico-jurídicos”, que considera normales dentro de la puesta en funcionamiento de la infraestructura. Para despejar dudas, en los próximos días, el Ayuntamiento, Emaclsa y Augas de Galicia enviará un documento a los municipios de Cambre y Culleredo para argumentar, de forma técnica, la necesidad de que sean las propias administraciones locales las que gestionen la Edar de Bens.

“En derecho, como en la vida misma, siempre hay personas que mantienen una posición u otra”, añadió el primer edil, que considera que “algo tan accidental como pueden ser esos problemas técnico-jurídicos no nos pueden despistar de la voluntad fundamental de lograr el ciclo integral del agua”, e insistió en que cuenta con la “firme voluntad” de los cinco municipios de integrarse en la sociedad pública que explotará la infraestructura.

El alcalde explicó que la reunión de ayer también sirvió para lograr la unanimidad de los alcaldes del área para aprobar en los plenos que se celebrarán a finales de marzo o abril la ordenanza supramunicipal de vertidos, que será la que garantice el funcionamiento de la depuradora. “Tenemos que ser conscientes de que se han tirado al mar millones de litros de agua sin depurar, no podemos permitir que esa situación se repita”, manifestó el alcalde, que confía en poder cerrar los trámites para la puesta en marcha del nuevo servicio.

La construcción de la depuradora tuvo un coste de 130 millones de euros, financiados en un 85% por la Unión Europea, a través de los Fondos de Cohesión, y el 15% restante por la Xunta. La estación ocupa una superficie de 60.000 metros cuadrados, y está preparada para el tratamiento de las aguas residuales de una población de 450.000 habitantes. Su capacidad podría ampliarse para dar servicio a otros 150.000 vecinos más.