El PP presentó un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional (TC) en el que considera que la presidenta del Congreso, Meritxell Batet, y la Mesa vulneraron el derecho fundamental del artículo 23.2 de la Constitución por no facilitar el dictamen que emitió el Consejo de Estado sobre el Decreto Ley de los fondos europeos y que fue convalidado en el Pleno del Congreso.

El grupo parlamentario del PP, que denunció recientemente que dicho informe era “demoledor” e iba en contra del decreto aprobado, presentó un recurso de amparo por considerar que aunque el documento no era preceptivo debería haberse hecho público antes de la convalidación.

El PP también critica la negativa de Batet a abordar esta cuestión en el Congreso y a solicitar una copia del mismo.

El artículo 23.2 de la Constitución reconoce el derecho fundamental de los ciudadanos “a acceder en condiciones de igualdad a las funciones y cargos públicos, con los requisitos que señalen las leyes” y el PP se ampara en el artículo 7 del reglamento del Congreso que señala que los diputados “tendrán la facultad de recabar de las Administraciones Públicas los datos, informes o documentos que obren en poder de éstas”.

El grupo parlamentario popular alude que “la Administración requerida deberá facilitar la documentación solicitada o manifestar al Presidente del Congreso, en plazo no superior a 30 días y para su más conveniente traslado al solicitante, las razones fundadas en derecho que lo impidan”.

Sin embargo la presidenta del Congreso respondió que el informe del Consejo de Estado sobre el decreto de fondos no era preceptivo ni condicionaba la aprobación del decreto-ley y en respuesta escrita informó al PP de que la publicación en el BOE del decreto-ley es “requisito suficiente”, según el artículo 151.1 del reglamento del Congreso.

Los letrados de la Mesa del Congreso también ratificaron que no es preceptivo acompañar dictamen del Consejo de Estado ni otros documentos para la convalidación de los decretos-leyes, bastando su publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE).

El Partido Popular pide amparo ante el Constitucional por el acuerdo de la Presidenta que desestima la solicitud planteada por los diputados populares y por el acuerdo de la Mesa del Congreso en términos sustancialmente idénticos al acuerdo de la Presidenta y que vuelve a desestimar la solicitud efectuada.

No obstante, la Mesa sí admitió a trámite las diversas peticiones de informe al Gobierno para recabar el dictamen.

El recurso del PP pide declarar vulnerados el derecho al ejercicio del cargo representativo de los diputados populares (artículo 23.2 41 CE) y revocar los acuerdos y declararlos nulos.

Los populares argumentan que si el Gobierno solicitado informe del Consejo de Estado, porque lo consideraba conveniente debería haberlo incorporado al expediente como “antecedente necesario”.

En su opinión la convalidación del decreto ley estuvo viciada por no disponerse del dictamen y “dicha ocultación imposibilitó que el Congreso de los Diputados pudiera expresar su voluntad conociendo todos y cada uno de los elementos a tener en consideración”.