Continúan las reacciones al dictamen de la Audiencia Provincial de A Coruña sobre Meirás, a la confirmación de una sentencia histórica “acadada desde Galicia”. El mismo viernes, minutos después de conocerse la noticia, las administraciones implicadas en la causa expresaron su satisfacción porque supone la reversión de un inmueble conseguido mediante coacciones por los afines a la dictatura, pero con “matices” al discrepar de consideraciones como la “buena fe” de los herederos de Francisco Franco.

El Gobierno de Sada no comparte algunos contenidos de la sentencia, sobre todo “a declaración como poseedores de boa fe dos herdeiros do ditador e a conseguinte incorporación ao fallo da obriga de liquidación posesoria en tal condición, o que obriga a abonarlles non so os gastos necesarios senón tamén os gastos útiles e, moi especialmente, a consolidar a favor dos Franco todos os ingresos xerados polo pazo e non compensalos na liquidación”, apuntan desde la coalición sadense, que sustentan SM, BNG y Alternativa dos Veciños. Es decir, que los herederos del dictador “quédanse cos ingresos e a Administración do Estado estaría a abonarlles os gastos desde 1975”.

El Ayuntamiento de Sada considera que esta situación “non se axusta a dereito”, dado que según recogía la sentencia del Juzgado de Primera Instancia de A Coruña, la posesión de los descendientes de Francisco Franco “debe ser considerada como de mala fe” y considerar que eran desconocedores o ignorantes de la posesión ilegal del pazo y de las condiciones en las que su abuelo lo adquirió “non é crible”, señalan desde el municipio sadense, cuyos responsables insisten en que “os Franco non poden resultar beneficiados da posesión dun ben detentado ilegalmente desde a súa orixe, apropiándose e consolidando os ingresos obtidos durante tantos anos (...) Franco actuou de mala fe e os seus herdeiros, tamén”, expuso el alcalde, Benito Portela Fernández.

Comisión de Expertos

Para el mandatario sadense, la sentencia de la Audiencia de A Coruña omite el hecho de que el dictamen de la comisión de expertos, en el que apoya parte de su decisión, contó con un voto particular del Ayuntamiento de Sada, que, precisamente argumentaba la consideración posesoria como de mala fe y, en consecuencia, aún celebrando el dictamen, recurrirá “o apartado concreto do fallo relativo á liquidación do estado posesorio como de boa fe” por parte de los Franco.

Así, solicitan expresamente que las otras partes implicadas (Estado, Xunta, Diputación de A Coruña y Ayuntamiento de A Coruña), y en especial a la primera como parte actora, formalicen también sus recursos en tal sentido”, expresó en un comunicado enviado a los medios tras analizar la sentencia, un día después de conocerse la decisión de la Audiencia de A Coruña.

La Diputación de A Coruña, aunque aún no se expresó sobre un posible recurso, no comparte que los nietos de Franco tengan que ser indemnizados por los gastos de conservación del inmueble, y las otras administraciones siguen a la espera de la decisión que tome, en uno u otro sentido, la Abogacía del Estado.