La ciudad de A Coruña tiene hasta trece zonas “calientes” de okupación en la actualidad. Esta cifra supone el 26% de toda la comunidad, ya que en total, Galicia cuenta con medio centenar de barrios con alto porcentaje de este fenómeno.

Así lo indica la Federación Galega de Empresas Inmobiliarias (Fegein), que ha vuelto a alertar del auge de la okupación ilegal y advierte de que, en el año 2020, el incremento de esta actividad ascendió hasta el 40% interanual.

El aumento fue notorio en el segundo semestre, con un 34% más que en el mismo periodo del ejercicio anterior. El mapa rojo de este fenómeno en la ciudad marca trece zonas: Monte Alto, avenida de Peruleiro, calle de la Paz, ronda de Nelle, Agra del Orzán, A Zapateira, Eladio Rodríguez, calle de Padre Busto, A Falperra, avenida de Finisterre, Os Mallos, Palavea, y Ciudad Vieja.

El número es superior al del resto de las ciudades gallegas que recoge el informe elaborado por la patronal inmobiliaria, que sitúa a Santiago con ocho zonas “calientes”; tres en Ferrol; diez en Ourense; ocho en Vigo; y siete en Lugo.

“Mafias que hacen negocio”

En los últimos meses y, sobre todo, a raíz de la pandemia, sostienen desde Fegein, “han aumentado los casos de okupaciones ilegales de viviendas propiedad de particulares y empresas. En la mayoría de ocasiones, quienes están detrás son mafias que hacen negocio facilitando el acceso ilegal a personas con muy poca o ninguna vulnerabilidad social”, explican.

El confinamiento ha sido aprovechado por los asaltantes para entrar ilegalmente y quedarse en los inmuebles, adelanta la Federación Galega de Empresas Inmobiliarias, ya que sus titulares “se vieron obligados a ausentarse tras la declaración del estado de alarma, o simplemente al ser segundas residencias y no poder desplazarse a las mismas”, añade el informe.

Fegein constata, además, que el actual perfil del okupa es el de un profesional, perfectamente asesorado, que sabe dónde okupar una vivienda de obra nueva (justo en el momento de la entrega de llaves a los verdaderos propietarios o inquilinos) o la vacía de procedencia bancaria que proviene de una ejecución hipotecaria. La patronal inmobiliaria solicita modificar la ley que regula los procedimientos penales, para establecer medidas específicas que se puedan acordar provisionalmente desde el inicio de una denuncia penal a fin de que las fuerzas de seguridad puedan intervenir desde el primer momento en que es detectada y denunciada por el titular un asaltamiento.

El balance de Fegein sitúa en 600 las viviendas okupadas en toda la comunidad. De ellas, “solo un tercio se tramitan en denuncia, ya que en 2019 solo se tramitaron 145 denuncias en Galicia por okupaciones”.

La titularidad de los propietarios de todas las okupaciones es difícil de saber. “Calculamos que aproximadamente un 60% son de procedencia bancaria o Sareb. En A Coruña hay 380 viviendas que pertenecen a estas entidades o a fondos de inversión, 2.100 en las cuatro provincias.