Un navío que transportaba cientos de inmigrantes africanos a Europa huyendo de los conflictos y miseria de sus países, en busca de una vida mejor, se incendió y hundió frente a la isla italiana de Lampedusa. Murieron 114 personas, y 150 desaparecieron. Los contrabandistas obtienen miles de dólares por introducir en nuestro continente a estos desheredados de la fortuna. Utilizan precarias y sobrecargadas embarcaciones, sin medidas de seguridad. En este caso, la barcaza comenzó a hacer agua durante la noche en las cercanías de Lampedusa; alguien prendió fuego para atraer la atención de los navíos que pasaban por allí, pero el fuego se extendió y los pasajeros al moverse para alejarse del incendio provocaron la zozobra. Según declararon los supervivientes, tres grandes barcos pesqueros con pabellón italiano hicieron caso omiso y siguieron su rumbo sin detenerse.
En legislaciones como la española rige en el mar un derecho de raíz natural, según el cual cualquier embarcación que detecte la existencia de una persona en peligro tiene la obligación de socorrerla siempre y cuando no ponga en riesgo su propia seguridad; caso contrario, se incurriría en un delito de omisión del deber de socorro. En la legislación italiana rige en estos casos otro tipo de derecho, el que castiga como delito la ayuda de cualquier tipo a la inmigración ilegal; y sus tribunales ya han dictado sentencias condenando por colaboración a quienes en tal tesitura decidieron salvar vidas ajenas. Se concluye entonces, que “los pesqueros no auxiliaron al barco por miedo a ser procesados por favorecer la inmigración clandestina”. En otras palabras, que, en estas circunstancias, la Ley obligaría, pura y simplemente, a no prestar ayuda a quién se encontrare en peligro de muerte. ¿Debemos obedecer estas leyes que atentan contra el derecho a la vida y dignidad del ser humano?. En este dilema moral e ideológico, quiénes son los culpables: ¿Los pescadores que pasaron de largo por temor a las consecuencias de la ley? ¿Los ciudadanos que eligieron a los gobernantes que la promulgaron? ¿Los gobernantes? ¿Los jueces que castigan a los que la incumplen? ¿Los fiscales que defienden su legalidad? ¿Todo un país? ¿Todos? ...