Como cada año por estas fechas, a los gallegos se nos encoge el corazón al ver arder nuestro monte. Hay muchas causas. Pero solo un culpable, el pirómano. La paulatina despoblación del medio rural y el abandono del monte son dos de los principales motivos, junto al minifundismo gallego que desgraciadamente también se da en las explotaciones forestales.
Galicia es una potencia forestal, de ahí la mayor capacidad incendiaria de nuestro monte. Lo cierto es que en Galicia sufrimos muchos incencios, pero afortunadamente se extinguen rápido. La gran mayoría no superan las 300 hectáreas, y en el 60% de los casos estamos hablando de monte bajo.
Que la mayoría de los fuegos se inicien en el entorno de las casas, y en horario nocturno, cuando los medios aéreos no pueden salir, pone de manifiesto la intencionalidad y la criminalidad del incendiario. Hoy, afortunadamente, hemos conseguido que los pirómanos encuentren cada vez menos espacios de impunidad.
Ni social, ni judicial. En el verano de 2014, un centenar de incendiarios fueron detenidos y puestos a disposición judicial, muchos de ellos, gracias a la colaboración ciudadana, que en estos casos es fundamental.
Frente a los incendios forestales, solo cabe la unidad. Como en casi todo. Porque el único enemigo es el incendiario. Y el que no lo vea así se equivoca. Es un problema de país. Y a todos nos compete defender nuestro patrimonio natural y paisajístico, donde además se encuentran los ahorros de muchas familias gallegas. Debemos profesionalizar la gestión del monte, promoviendo las sociedades forestales y una gestión sostenible de nuestro potencial forestal.
Este verano, Galicia cuenta con un dispositivo contra incendios considerable, formado por cerca de 7.000 profesionales, que cuentan con 32 medios aéreos y 360 motobombas de la Xunta, concellos y de los parques de bomberos.
Un dispositivo eficaz y eficiente, del que todos debemos sentirnos orgullosos. Pero la coordinación entre administraciones, y la colaboración ciudadana son esenciales para conseguir que año tras año, disminuya el número de hectáreas arrasadas por el fuego y que los incendiarios paguen en los juzgados por sus actos criminales. Ese debe ser el objetivo de todos.