El Gobierno del Estado cambia de criterio y recurrirá en casación ante el Tribunal Supremo la sentencia de la Audiencia de A Coruña sobre As Torres de Meirás, que ratificó que el inmueble es patrimonio público pero condenó a la administración a abonar una indemnización a los Franco por los gastos contraídos desde 1975.

En un comunicado, el Ejecutivo de Sánchez explica que el dictamen “es favorable a las principales pretensiones” del Gobierno de España, al otorgar la propiedad a Patrimonio del Estado, pero también “reconoce a los herederos del dictador el derecho a recibir una indemnización por los gastos en los que incurrieron cuando ostentaban la propiedad de Meirás”. Según indican, la Abogacía del Estado ha realizado “un estudio detallado de los fundamentos de la sentencia” que permitieron apreciar “errores de interpretación o alteraciones sobre las pretensiones ejercitadas en la demanda”, matizan desde Madrid.

“La sentencia afirma erróneamente que la Administración General del Estado había reconocido en su demanda la buena fe de los herederos del dictador y de ahí se extraen una serie de conclusiones que no se corresponden con la realidad”, argumentan.

Con estos mimbres, se acuerda recurrir la sentencia teniendo en cuenta que “la eventual corrección de estos errores y la necesaria interpretación del Tribunal Supremo permitirán sentar con claridad y precisión las bases para la posterior liquidación del estado posesorio” de Meirás.

El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, adelantó el lunes que la Abogacía del Estado y la Asesoría Xurídica da Xunta estaban estudiando “se procede ou non” presentar un recurso contra el dictamen de la Audiencia Provincial de A Coruña.

Unidad

Este miércoles se discutirán en el Parlamento de Galicia sendas proposiciones del BNG y del PSOE sobre esta cuestión a la espera de alcanzar la unidad que en los últimos años mostró O Hórreo en relación con el proceso para recuperar As Torres de Meirás.

Un consenso al que apeló de nuevo el Ayuntamiento de Sada, que solicitó reanudar la “unidade xurídica que deu a victoria sonre os Franco no xulgado de instrucción” y advirtió que las dificultades “técnicas” del recurso a la sentencia de la Audiencia Provincial que obliga a indemnizar a los Franco “non poden server de escusa” para acudir al Supremo.

Los responsables municipales consideran que “non pode tolerarse pasivamente a boa fe retroactiva a 1975” y, en este sentido, el alcalde, Beniti Portela, reclama un “acordo unánime do Parlamento Galego e do Estado para recorrer a sentenza conxuntamente co Concello de Sada, a Deputación e o Concello da Coruña”.

Además, entienden que “o anuncio de los Franco ante a Audiencia Provincial da súa intención de recorrer en casación a sentenza do pazo debería obrigar ao Goberno e á la Xunta” a ir hasta el Tribunal Supremo.

También la Iniciativa Galega pola Memoria expresó su confianza en que este miercoles “se produza un pronunciamento claro do Parlamento de Galicia para instar a ambos executivos” a recurrir el dictamen de la Audiencia de A Coruña.

El colectivo, que aglutina distintas entidades del movimiento memorialista, cre que “hai base xurídica para opoñerse á sentenza e que, máis alá dos aspectos técnicos, a ética democrática esixe vontade política das tres forzas para opoñerse ao “relato franquista do fallo”, señalaron en un comunicado horas antes de conocerse la decisión del Estado.

Los que sí se pronunciaron tras conocerse la decisión del Gobierno de Sánchez fueron los nacionalistas sadenses, quienes vincularon este cambio de criterio a la presión ciudadana y, en particular, “ao traballo de Carlos Babío e Manuel Pérez Lorenzo, presentado á sociedade un manifesto que obtivo en tempo record más de 3.000 sinaturas”, registradas el sábado en la Delegación del Gobierno en A Coruña. “Cando as razóns son poderosas é difícil manter posturas incomprensibles”, apostilló el BNG de Sada.

También el pasado 23 de febrero el alcalde sadense envió cartas a los máximos representantes del Estado, la Xunta, Diputación de A Coruña y Ayuntamiento de A Coruña para recurrir “conxuntamente” la sentencia de Meirás.

Antes, el día 18, pidió explicaciones públicas de las razones por las que el Estado toleraba pasivamente, sin recurrir, una sentencia que reconoce la condición posesoria de buena fe de los Franco, desde el propio dictador hasta los actuales herederos, así como la compensación por los gastos necesarios y útiles desde 1975. 

Gómez-Reino pide apoyo en Madrid para recuperar la Casa Cornide

Tras conocerse la decisión del Gobierno del Estado se sucedieron las reacciones a través de las redes sociales por parte de distintos sectores de la socidad, principalmente de la política, la cultura y los movimientos memorialstas de Galicia. Uno de los que aplaudió el cambio de criterio fue el diputado de Galicia en Común, Antón Gómez-Reino que, horas antes anunció que solicitará el apoyo de los grupos parlamentarios a la proposición no de ley para recuperar al patrimonio público la Casa Cornide, ahora en propiedad de la familia Franco, al considerar que es un “imperativo democrático”. "Se trata –continuó– de una oportunidad histórica para que el conjunto de las Administraciones implicadas acuerden su recuperación a la mayor brevedad”.