En medio de una inquietante insensibilidad social y mediática, el Congreso ha aprobado el último trámite de la ley de eutanasia, que entrará en vigor dentro de tres meses. Y lo ha hecho a las bravas, como hoy es habitual en las filas del sanchismo y sus socios: presentada como proposición de ley para así evitar informes preceptivos del Consejo de Estado y no tenerlos que guardar en un cajón, si así mejor conviene; en plena pandemia; sin convocatoria de expertos e instituciones oficiales de referencia, como en esta ocasión hubiera sido el Comité de Bioética. En definitiva, sin escucha ni diálogo social público alguno.

Cuatro minutos de aplausos –cuatro siniestros minutos– rubricaron en la cámara legislativa la aprobación de la norma. El grupo socialista salió al exterior edificio para hacerse la foto de turno como recuerdo de lo que consideraban “un día histórico”.

Cabe, con todo, preguntare qué en realidad festejaban. De entrada habrá que hablar de una disposición que representa un culto inmoral a la muerte; una ruptura moral; un cambio en los fines del Estado, que de defender la vida, pasa a ser responsable de la muerte producida. Una ley, por lo demás, que no contempla atender ni acompañar a los que sufren, sino que los empuja a tirar la toalla y a terminar con su existencia. 

Un imperdonable abandono social.

Será una de las menos restrictivas de todas las que existen en el mundo y en el contexto europeo colocará a nuestro país en una situación peculiar. Por una parte, y aunque tal vez para dulcificar su verdadero alcance se ha eliminado del título la referencia al “suicidio asistido”, regulará tanto la eutanasia propiamente dicha (“administración directa al paciente de una sustancia por parte del profesional sanitario competente”) como el suicidio médicamente asistido (“la prescripción o suministro al paciente por parte del personal sanitario de una sustancia de manera que éste se la pueda autoadministrar para causar su propia muerte”). España se situaría así en el reducidísimo grupo de territorios (Bélgica y Países Bajos) que permitirán ambas modalidades del supuesto derecho a morir.

Por otra parte, la nueva regulación nos convertirá en el único país de Europa con esa prestación de ayuda a morir, pero sin un acceso universal a los cuidados paliativos. Luxemburgo, Bélgica y Países Bajos -los únicos europeos que tienen regulada la eutanasia- nos superan ampliamente en este terreno. Voces autorizadas estiman que seis de cada diez enfermos mueren en nuestro país sin recibir este tipo de atención. Así las cosas, con unos raquíticos cuidados paliativos, como aquí sucede, nunca habrá verdadera libertad para elegir.

Desde el Gobierno se insiste en que se trata de una regulación “extremadamente garantista”. Pero la experiencia de lo sucedido en otras latitudes bien enseña que, una vez abierta la primera puerta, la legislación viene siendo con el tiempo más amplia y permisiva.