El Ayuntamiento ha decidido trasladar el caso Someso a los tribunales. El portavoz municipal, Julio Flores, anunció ayer que ha finalizado la investigación interna al respecto de esta actuación urbanística y que ahora los servicios jurídicos de María Pita señalan que el informe debe enviarse a la Fiscalía para que valore cómo actuar al detectarse \“indicios de posibles delitos porque las presuntas irregularidades que se cometieron causaron graves perjuicios al patrimonio municipal\”.

Los servicios jurídicos creen que un expediente no es \“un cauce válido para depurar las responsabilidades\”

En concreto, los técnicos municipales recomiendan dar este paso porque consideran que un expediente administrativo \“no es el cauce para depurar responsabilidades en este caso\”, precisamente porque, según Flores, las pruebas apuntan a que han podido existir \“irregularidades y posibles delitos\” por parte del anterior ejecutivo local.

El concejal afirma que el \“negligente tratamiento del desarrollo urbanístico ocasiona cuantiosísismas pérdidas y daños irreparables\” y que precisamente es la magnitud de este asunto el que le obliga a ponerlo en manos de la Justicia. Los argumentos son dos, por un lado, que se ha perdido patrimonio municipal y el segundo, las importantes indemnizaciones a los expropiados de Someso a las que tendrá que hacer frente el Ayuntamiento. Ahora mismo la cifra está en nueve millones de euros, pero todavía se espera que lleguen más sentencias hasta alcanzar los 20 millones, según los cálculos del Partido Popular. En el último modificativo de crédito se reservaron 700.000 euros para pagar a los afectados.

Denuncia que se perdió patrimonio municipal y se deben indemnizaciones

Aunque el ejecutivo se niega a adelantar las conclusiones del estudio hasta que la Fiscalía ya disponga de él, Flores adelanta que se entienden como irregularidades la venta directa de los terrenos municipales a la junta de compensación, cuando se tenía que haber hecho a través de concurso público, y \“la aportación de fincas de titularidad municipal realizada por otros propietarios sin que el gobierno municipal defendiese la propiedad pública\”. Otro ejemplo es lo que considera la \“inacción\” que en su momento tuvo el ejecutivo socialista tras conocer las primeras sentencias que condenaban al Ayuntamiento a asumir la reversión de las fincas. Flores cree que esta actitud hizo que aumentase el coste de las indemnizaciones.

investigación

El informe elaborado por dos funcionarias –instructora y secretaria– no se presenta, por el momento, \“por respeto a la Fiscalía\”, pero el portavoz municipal se compromete a presentarlo públicamente en cuanto sea posible e incluso a llevarlo al pleno ordinario de enero.

La investigación interna se inició hace casi un año tras un acuerdo por unanimidad en pleno. La orden formal llegó por decreto de la alcaldía el 5 de marzo y el estudio se finalizó en junio, momento en el que los servicios jurídicos comenzaron a analizar las conclusiones, que ahora se trasladarán al fiscal.