El caso \“Relámpago\” sigue marcando la actualidad en María Pita. Ayer no fue el turno del famoso informe sobre la investigación de dos funcionarias para esclarecer lo ocurrido durante la tramitación urbanística de Someso, iniciada en 1989, sino de los pleitos judiciales que el Ayuntamiento mantiene con diferentes propietarios de la zona del recinto ferial por la expropiación de unos terrenos a finales de los ochenta. Según dio a conocer ayer el portavoz municipal, Julio Flores, el ejecutivo municipal acaba de recibir ocho nuevas sentencias desfavorables del caso \“Relámpago\”, en las que se condena al pago de 3,7 millones de euros en concepto de indemnizaciones, sin contar los intereses.

Los fallos, emitidos por el juzgado de lo contencioso-admnistrativo, \“no son firmes\”, según el gobierno local, por lo que la administración tiene todavía la opción de recurrir ante el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG). El portavoz municipal recordó que se presentaron en los juzgados 36 peticiones de reversión por parte de propietarios de Someso, de las que cinco cuentan con autos firmes del Tribunal Superior, en las que se obliga al Ayuntamiento a abonar 8,2 millones de euros a los antiguos dueños de las fincas, al entender que lo que se llevó en la zona fue una expropiación, y no una compraventa como trató de argumentar el gobierno. A estas cinco hay que sumar otro fallo del juzgado en el que se fija una indemnización de 460.000 euros por Someso.

En el caso de los 8,2 millones de euros, estos se empezaron a pagar en enero del año pasado. El gobierno local acordó con los propietarios hacer el pago de las cantidades correspondientes en cuatro plazos. El Ayuntamiento tendrá que afrontar el último de ellos en el primer trimestre de este año. Al mismo tiempo que daba a conocer el inicio del abono de las indemnizaciones hace un año, la corporación aprobaba una moción para solicitar la creación de una comisión que investigase la tramitación urbanística de Someso. Desde el pasado 14 de diciembre, el informe de la investigación está en la Fiscalía.

Flores alerta de que si los 30 procesos judiciales que están pendientes \“finalizan con sentencias desfavorables, el Ayuntamiento tendría que pagar 14,6 millones de euros\”. En total, 23 millones de euros si se suma a esta cantidad la correspondiente a las sentencias firmes. El portavoz recordó que, a raíz de la investigación, se abrió un expediente en la secretaría general del Ayuntamiento para \“reconocimiento o declaración de la falsedad\” de varios certificados aportados por el gobierno local en 2004 para inscribir en el registro las fincas adquiridas en Someso. Destaca que fueron estos documentos los que \“originaron las peticiones de reversión al certificar que hubo expropiación\”, y dice, de confirmarse que son falsos, se podrían aportar como prueba para solicitar la revisión \“de todas las sentencias\”.