En 2017, diversos partidos y miembros del Gobierno de Cataluña organizaron un referéndum ilegal con el objetivo quebrar la unidad de nuestro país. Además, proclamaron de forma ilegal la independencia y la constitución de una ilegal república catalana.

Por ello, los impulsores de estos actos fueron condenados por el Tribunal Supremo a penas que oscilan entre los 9 y los 13 años de prisión, así como a penas de inhabilitación, por delitos de sedición y/o malversación.

Para sorpresa general, o ya no, Inés Rey votó en el Pleno de junio a favor del indulto a los presos independentistas y la ex concejala de Ciudadanos se ausentó para evitar votar. ¿A dónde ha ido su defensa de la Constitución y en contra del independentismo con los que se presentó a las elecciones municipales?

En el momento de conocerse la sentencia, Pedro Sánchez “garantizaba tanto a la ciudadanía catalana como al conjunto de la ciudadanía española que esa sentencia se iba a cumplir en su totalidad” puesto que “nadie está por encima de la ley”.

Pero Sánchez necesita los votos independentistas para mantenerse en el poder. Por eso ahora no esconde su voluntad de indultar a unos condenados que no han mostrado ni un ápice de arrepentimiento y que han dejado claro que tienen intención de reincidir en los delitos.

Tanto la Fiscalía como el Tribunal Supremo se oponen al indulto. El alto tribunal, en un demoledor informe aprobado por unanimidad, explica que lo que pretende Sánchez es retorcer la naturaleza del indulto y poner en duda, al igual que hacen los líderes independentistas, el funcionamiento de la justicia española, con lo que ello significa de ataque a una institución que constituye el pilar fundamental de nuestra democracia.

El Tribunal Supremo deja en evidencia la verdadera intención del Gobierno al defender el indulto, que no es otra que su mera supervivencia política, al recordar que “algunos de los que aspiran al beneficio del derecho de gracia son precisamente líderes políticos de los partido que, hoy por hoy, garantizan la estabilidad del Gobierno llamado al ejercicio del derecho de gracia”.

Por todo ello, el PP ha recogido firmas para instar al Gobierno de España a respetar la independencia de las instituciones del Estado y las decisiones judiciales y a no conceder el indulto a aquellos que han vulnerado no sólo nuestra Carta Magna sino también otras leyes y que, como han repetido en numerosas ocasiones, pretenden reincidir en el delito de sedición.

No es un indulto, es un insulto.



*Rosa Gallego es portavoz del grupo
municipal del PP en A Coruña