El Gobierno de España y la Xunta de Galicia siguen "a la espera" de lo que resuelvan las autoridades fiscales de Yemen sobre el marinero Pablo Costas y sus compañeros de tripulación del pesquero 'Cobija' (de bandera boliviana) que este jueves cumplen 11 meses desde que fueron retenidos por supuesta pesca ilegal.

Así lo ha trasladado, en declaraciones a los medios, la conselleira do Mar, Rosa Quintana, que ha señalado que la situación de este marinero de Bueu "es complicada". En todo caso, ha señalado que la Xunta está "en contacto con el Ministerio de Asuntos Exteriores" para solicitar que tanto Pablo Costas como el resto de marineros del barco puedan recibir "a través de ONG" suministros de agua y comida, todo ello después de que el propio afectado y su familia hayan denunciado las condiciones de falta de salubridad, higiene y alimentos, que están sufriendo.

Quintana ha reiterado que el patrón del barco está en una "situación delicada" por la denuncia de pesca ilegal no declarada y no reglamentada, por lo que el gobierno autonómico sigue "a la espera" de que las autoridades fiscales se pronuncien y se resuelva el caso judicialmente.

En la misma línea, fuentes de Exteriores han informado a Europa Press de que las autoridades yemeníes tienen retenido el barco (desde el 26 de septiembre de 2020) "bajo la acusación de pesca ilegal". "En estos momentos, el juicio se encuentra pendiente de la resolución de un recurso presentado por la Fiscalía contra la sentencia recaída ante el Tribunal de Primera Instancia de Hadramaut", han añadido las mismas fuentes diplomáticas.

En todo caso, han recalcado que el Ministerio ha concedido "absoluta prioridad" a este caso, y se están "realizando gestiones" desde las embajadas de España en Riad (Arabia Saudí), El Cairo (Egipto) y Mascate (Omán) para lograr la "liberación" de Pablo Costas.

"Secuestro"

Su familia y el sindicato CUT llevan meses denunciando este "secuestro" y han criticado la "inacción" por parte del Gobierno de España a pesar de que, han asegurado, la tripulación desconoce formalmente los cargos que se les imputan. "No han tenido abogados, ni traductores", han incidido.

Sus allegados han realizado varias concentraciones de protesta para exigir que se tomen medidas y se repatríe a este marinero gallego, y han alertado de que tanto él como sus compañeros de tripulación están padeciendo problemas de salud por las condiciones "inhumanas" en las que están obligados a permanecer, a bordo del barco. "Llevan días sin comer, solo tienen agua hervida, azúcar y té", ha alertado.

Por otra parte, ha señalado el portavoz de la CUT, Manolo Camaño, las autoridades locales "están amenazando" con trasladar el barco desde su ubicación actual, en el puerto de Al Mukallah, a otra zona a dos horas de allí, y que está bajo la autoridad de Al Qaeda.

Según ha informado el sindicato, la odisea de Pablo Costas comenzó en julio de 2020, cuando el barco fue sometido a una inspección en el Índico por parte de las autoridades australianas. Esa inspección confirmó que "todo estaba bien" pero, estando aún en altamar, el barco fue vendido a un armador somalí, que ordenó tomar rumbo a Yemen.

En septiembre, y ya en Al Mukallah, Pablo Costas es informado de una orden de detención por parte de la Interpol y cursada por Australia, que lo acusa de un delito de pesca ilegal. De este modo, el marinero es condenado a tres meses de arresto y, tras cumplirlos, el fiscal presenta un recurso para paralizar su repatriación, cuyos motivos, ha asegurado Camaño, "se desconocen".

El portavoz de la CUT ha denunciado que, desde entonces, el marinero sigue retenido, sin asistencia jurídica, y que, a pesar de las "alertas humanitarias" remitidas al Gobierno de España, no se ha resuelto su situación.