Incluso en medio de un clima de relativo entendimiento entre todas las partes, el futuro de los muelles sigue siendo objeto de una polémica. La cuestión se sigue centrando en la aportación económica de cada administración para la compra y urbanización de los muelles de Calvo Sotelo y Batería (zona 1): la Xunta se había comprometido a invertir 20 millones de euros en ellos a cambio del 51% de su propiedad. Ahora que se ha aceptado el plan del Ayuntamiento, por el que este adquiere el 75%, dejando un 20% para la Xunta y un 5% para la Autoridad Portuaria, el Gobierno autonómico advierte que repartirá esos 20 millones entre la zona 1 y la zona 2 (San Diego) en concepto de adquisición y urbanización del terreno.

Para la Xunta, la cuestión está clara: la inversión debe ser proporcional a la propiedad. La conselleira de Infraestruturas, Ethel Vázquez se aferra a los articulos 104 y 115 de la Lei do Solo de Galicia, por el que las inversiones de urbanización deben ser acordes a la titularidad de los terrenos. ““Neste proceso, similares a unha xunta de compensación, hai que ser coherentes”, había declarado Vázquez en la última reunión, el lunes pasado.

Con la proporción actual, el Ayuntamiento invertiría 14 millones de euros en la zona 1, la Xunta cuatro y el Puerto, un millón, a pagar en anualidades hasta 2035. El Ayuntamiento por su parte, no entiende que exista ninguna razón por la que la Xunta deba reducir su inversión mientras que el Gobierno gallego lo ve de otra forma: considera que mantiene sus compromisos al mantener los 20 millones, aunque lo reparta entre dos zonas, y no solo en una.

“O fácil é non facer nada”

No es el único punto de fricción entre la Xunta y el Gobierno local. Este último quiere elaborar un plan director que permita encaminar el futuro de los muelles, más allá de este mandato, mientras que para Vázquez elaborar un documento tan complejo supondría renunciar al maná de millones que suponen los fondos europeos. Por eso, Vázquez pidió el lunes al Ayuntamiento agilidad para poder optar a los fondos europeos Next Generation, que permitirían costear parte de la urbanización. ”Creo que é a nosa obriga conseguilos. O fácil e non facer nada e que os cartos caian do ceo”, apuntó la conselleira.

El presidente de la Autoridad Portuaria y antiguo concejal de Urbanismo durante la época de Carlos Negreira, Martín Fernández Prado, también se muestra en contra de ese Plan Director que englobaría las dos zonas: “Entendemos que además de retrasar mucho el proyecto, confunde”.

Para Prado, no tiene sentido incluir en un único plan director las dos zonas porque los muelles de Batería y Calvo Sotelo no tienen nada que ver con el de San Diego. No solo porque el acuerdo para la primera zona está mucho más avanzado que para el segundo, sino porque el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF) es el propietario del 34% de San Diego. “Es decir, que ADIF tiene intereses en la zona dos, pero no en la uno”, insiste. “La maduración y el tiempo de reflexión de la zona dos es mucho mayor que la zona uno”.

Lo que interesa, a juicio de Prado, es tener la ordenación de Batería y Calvo Sotelo lista cuanto antes, dado que hay preacuerdo sobre cómo será su desarrollo (no se construirán viviendas, se prolongarán los jardines de Méndez Núñez hasta e mar, etc”. “Incluso algún proyecto que se pueda desarrollar nos permitirá presentarnos a los fondos europeos, no solo para los Next Generation, que son especialmente buenos, puesto que cubren el 100% de un proyecto, sino también para los Feder del periodo 21-27”. Para Vázquez, esa es la diferencia entre Xunta y Ayuntamiento, la primera es una “visión más rápida” y la otra, “una visión más genérica”.