Abimael Guzmán, el fundador de Sendero Luminoso que causó la muerte a unas 70.000 personas y millones de pérdidas en infraestructuras y entidades públicas de Perú, murió el día 11 a los 86 años en la cárcel donde estaba recluido desde 1992.

Horas después de la muerte del líder terrorista, el Ministerio de Justicia se adelantó a la posibilidad de que algunos simpatizante pudieran manifestarse en su apoyo y recordó a la ciudadanía “que toda manifestación pública que respalde o enaltezca alguna agrupación terrorista, justifique sus actos o rinda homenaje a sus cabecillas, como Abimael Guzmán, es delito de apología al terrorismo sancionado con penas de entre 4 a 15 años de prisión”. También es apología al terrorismo, añadía el Ministerio, toda propaganda, justificación o discurso favorable que se haga a través de cualquier medio de difusión social.

Perú es una democracia imperfecta, según el Democracy Index 2020 -ocupa el lugar 59 entre 167 países analizados-, pero este país, que está estrenando un gobierno singular, tiene las ideas claras con respecto al terrorismo.

Las comparaciones son odiosas y no hay parangón entre la cantidad de asesinatos del Sendero Luminoso con el número de víctimas causadas por Eta, pero la calificación de terrorismo es la misma para los actos del movimiento peruano que para la banda vasca que dejó cerca del millar de muertos, un dolor inmenso a familiares de las víctimas y conmocionó a la sociedad española.

La banda vasca y Sendero Luminoso fueron derrotados por la democracia. ¿Dónde está la diferencia entre Perú y España? Pues en que allí impiden todo homenaje a lo que suene a Sendero Luminoso, mientras que en el País Vasco los etarras excarcelados son vitoreados y recibidos como héroes por Bildu, socio del Gobierno de España, y por la izquierda aberzale.

El último homenaje, camuflado bajo el lema “No a la cadena perpetua. Derechos Humanos (¡¡!!), convivencia y resolución”, lo recibió el sábado Henri Parot, el etarra más sanguinario, autor de 39 asesinatos, entre ellos cinco niños en Zaragoza, y más de 200 heridos, con secuelas para toda la vida.

¿En nombre de qué derechos permiten el Gobierno y la Justicia este y otros ultrajes y humillación a los Cuerpos de Seguridad del Estado y demás víctimas del terrorismo? Recuerden que en 2018 más de 300 aberzales ofendieron a los gallegos homenajeando en Tolosa al asesino de José A. Pardines, el guardia civil de Malpica primera víctima de Eta.

Permitir que el mundo aberzale blanquee a los asesinos, se burle de los muertos y de sus familias con impunidad chulesca denigra al Estado que consiente esos actos. Que también repugnan y ofenden a todos los ciudadanos de bien.