El juzgado número 11 de primera instancia ha dictaminado que los okupas del número 29 de la avenida de Peruleiro deben abandonar la vivienda en la que llevan residiendo de forma irregular desde hace años. Estos okupas han sido la principal fuente de quejas de los vecinos de la zona, que se lamentaban de la inseguridad en un barrio otrora tranquilo. Aunque todavía no existe una orden de desalojo con una fecha fijada, este dictamen supone un avance importante

La okupación de viviendas ha pasado a ser una de las principales preocupaciones de los vecinos de los barrios donde abundan los inmuebles viejos, en estado de abandono. No se trata de la okupación en sí, si no el hecho de que los okupas suelen ser individuos marginales que cometen pequeños robos, agresiones o tráfico de drogas.

Desde 2018

En el caso del 29 de avenida de Peruleiro, sus ocupantes son jóvenes magrebíes en situación irregular. Desde 2018 llevan instalados en esa pequeña casa de dos pisos que llevaba abandonada largo tiempo. En estos años, la Policía ha tenido que acudir en varas ocasiones por avisos de pelea entra ellos. Sin embargo, nadie ha sido nunca detenido por un incidente grave, confirman fuentes policiales.

La situación podría haberse prolongado indefinidamente, pero el propietario del inmueble lleva tiempo realizando los trámites legales para expulsar a los jóvenes. El Ayuntamiento le había requerido incluso para que limpiara la basura que se había acumulado en la terraza. Afortunadamente, el juzgado consideró que no se podía acatar esa orden hasta que se expulsara a los okupas. Desde la representación legal explican que en este caso se había optado por la vía penal y cuando se acudió a la civil ya había pasado más de un año de okupación, por eso fue necesario comenzar de nuevo el proceso. Uno de los ocupantes del número 29 solicitó la justicia gratuita, lo que podría haber ralentizado el proceso, pero el juez no se la concedió.

El mismo representante legal fue el que consiguió la orden de desalojo para el número 21-23 de Peruleiro, que fue desalojado el 24 de noviembre por representantes del juzgado acompañados de la UPR de la Policía Nacional. El inmueble resultó estar vacío, pero las okupaciones en la zona persisten, no solo en Peruleiro, sino en Camino do Pinar. Estas mismas fuentes legales esperan que el problema esté solucionado en unas semanas.