Esta misma semana, la Policía Local intervino para impedir una nueva ocupación ilegal en un edificio polémico, el número 41 de la avenida de Oza, que es, desde hace más de un año, un verdadero quebradero de cabeza para los vecinos que protestan por el tráfico de drogas No es una casualidad: la sección de Seguridad Ciudadana del Cuerpo municipal está realizando una labor constante de vigilancia sobre aquellos puntos que consideran más conflictivos: edificios viejos, abandonados, que ya han sufrido varios intentos de ocupación, y que ahora llevan el precinto policial.
El método es sencillo: durante sus patrullas, los agentes comprueban si alguien ha roto el precinto. Si es así, inspeccionan el interior en busca de okupas y si los descubren, como apenas han pasado 24 horas, pueden expulsarlos sin tener que recurrir a una orden de desalojo, un proceso que puede llevar meses. Eso, siempre que la empresa o persona propietaria del inmueble decida comenzar el proceso, lo que no siempre ocurre. “A veces, ni siquiera se sabe de quién es”.
A día de hoy, la Policía Local se encarga de vigilar cerca de media docena de inmuebles dispersos por toda la ciudad. Todos comparten el mismo perfil: edificios viejos, de pocas alturas, que llevan años abandonados y en un estado de franco deterioro. De este tipo los hay por toda la ciudad: en Os Mallos, Agra do Orzán o Monte Alto, así que solo pueden centrarse en unos pocos, aquellos donde se han registrado más problemas.
Se trata de una solución transitoria, poco más que un parche. El único remedio realista es tapiar las entradas de un edificio abandonado hasta que este sea derribado y se vuelva a construir en el solar, pero medidas como esta tardan a veces mucho en tomarse pero cuando se toman son efectivas, como fue el caso de Peruleiro el año pasado En el caso de la avenida de Oza, por ejemplo, se consiguieron cerrar dos de las viviendas, pero todavía existen otras dos okupadas por sujetos que los vecinos señalan como traficantes. A esto hay que añadir una vecina que sigue viviendo allí a pesar de las incomodidades que le producen los altercados.
El Ayuntamiento también ha tomado otras medidas para evitar la proliferación de estos edificios ruinosos, que son un problema no solo de inseguridad y convivencia, sino sanitario. En enero, el Ayuntamiento anunció que comenzaría a expropiar inmuebles para luego subastarlos: los primeros ocho edificios que saldrán a puja, además del número tres de la calle Damas, son: el número 140 de la calle de San Andrés, el número 4 de Pastoriza, los números 73, 130 y 202 del Orzán, el 6 de la calle Herrador y el 8 de la calle de Santa Lucía.
Pero no hay que olvidar que A Coruña está a la cabeza de la okupación en Galicia, según la Federación Galega de Empresas Inmobiliarias (Fegein). Las zonas de la ciudad que sufren más okupaciones son: la calle Barrera, Varela Silvari, avenida de Arteixo, calle de San Lucas, calle Barcelona, barrio de Monte Alto, avenida de Peruleiro, calle de la Paz, ronda de Nelle, Agra do Orzán, A Zapateira, calle de Eladio Rodríguez, calle Noia y calle del Padre Busto.
El presidente de la Fegein, Benito Iglesias, explica que resulta complicado saber cuántas propiedades están okupadas. En cuanto a la titularidad de las viviendas, “aunque calculamos que cerca del 78% son de procedencia bancaria, fondos de inversión y la Sareb”. El resto, se encuentra en manos de particulares o su propietario es desconocido.
En estos dos meses que ha durado la huelga de letrados, tampoco han podido realizarse desalojos, como el de la avenida de Oza. Ahora, poco a poco, volverán esta actuaciones.