El juicio de los siete encausados estaba programado a las 12.15 horas de ayer en el juzgado de lo Penal, pero nunca llegó a celebrarse: se llegó a un acuerdo y los siete reconocieron su culpa: desórdenes públicos, daños y lesiones son algunos de los cargos que admitieron, y que llevaron a cabo en mayo de 2018, cuando participaron en los disturbios que siguieron a la recuperación de la antigua Comandancia de Obras en Orillamar. Se trata del punto final para un movimiento, el okupa, que ha estado inactivo en la ciudad estos cuatro años. 
Los acusados aceptaron declararse culpables a cambio de una rebaja de la condena y ninguno entrará en prisión porque todas las condenas están por debajo de los dos años. Además, tendrán que pagar una serie de indemnizaciones tanto a los agentes que resultaron lesionados en el cumplimiento de su deber. Pero la compensación más grande fue a parar como a la aseguradora del local que la Marea Atlántica tenía en la plaza del Humor y que fue asaltado durante los disturbios. Tres de los acusados causaron destrozos valorados en miles de euros, que ahora podrán pagar de manera fraccionada como parte del acuerdo. 
 

Desmesurado  

Uno de los abogados defensores, Antonio Vázquez, señaló que él no es partidario de los acuerdos: “Los hechos no son como se califican, pero el estado te chantajea de tal forma que al final hay que llegar a un acuerdo”. El letrado considera que la Fiscalía ha acusado “desmesuradamente” con el único objetivo de intimidar a sus defendidos. “Es como si yo pido cien porque estoy dispuesto a  vender por diez. Es como un mercado”.  Así describió la vista de conformidad celebrada ayer, el abogado, conocido por haber defendido numerosos casos del movimiento antidesahucios. 
 

En cuanto a si el hecho de que en los últimos cuatro años, el movimiento okupa no se haya apropiado de otro edificio después de que les arrebataran el Centro Social Okupado A Insumisa (como llamaban a la Comandancia de Obras), Vázquez no lo considera una prueba de que este colectivo haya dejado de existir en la ciudad. “Todo tiene su ciclo, todo tiene su evolución, y simplemente hay momento de menos actividad y de más actividad”. 
 

Los okupas se apropiaron en noviembre de 2016 de la antigua Comandancia de Obras de la avenida del Metrosidero, que llevaba años vacía, y allí organizaron talleres y conciertos abiertos al público. Pero el desbloqueo de unos fondos estatales para la reforma del local y su conversión en un centro juvenil obligó al Ayuntamiento a expulsarlos. 
Conviene recodar que el local de Metrosidero fue la tercera casa okupa. Durante tres años, convirtieron una vivienda particular en As Atochas en un local que organizaba talleres gratuitos y conciertos de música alternativa. Fueron expulsados en abril de 2011.  Poco después, consiguieron hacerse con un edificio en Palavea, el antiguo internado de Santa Gema, que convirtieron en el CSO Palavea durante tres años. El 25 de marzo de 2014 se les desalojó sin incidentes. l