La Asociación de Emprendedores de Galicia (Ascega) informó ayer de que la Valedora do Pobo ha vuelto a exigir al Ayuntamiento que conteste a la entidad en su petición de información sobre los procedimientos judiciales urbanísticos abiertos desde 2012.

Ascega quiere saber, además, el coste que han supuesto estos procesos para las arcas municipales. En un informe remitido a la entidad, dicen, la Valedora do Pobo rechaza los argumentos del Gobierno local para negar el acceso a los datos y reitera la orden de que lo haga en el plazo de un mes.

La entidad gallega rechaza que la reclamación de Ascega sea “desproporcionada”, como alega la administración local. Al contrario, considera que es “plausible” aunque, apunta, “requiera una tarea específica o esfuerzo, algo adecuado al fin público amparado por la normativa de transparencia”.

Transparencia

“El hecho de que sean necesarios determinados esfuerzos para dar respuesta a las solicitudes de información pública no es causa suficiente de denegación, puesto que tal cosa sería tanto como negar la aplicación de la normativa de transparencia”, indica la Valedora en el escrito.

En la contestación remitida por el Ayuntamiento a la institución gallega, apunta Ascega, el equipo de Inés Rey negaba el acceso a la información porque supone la “investigación” de fuentes “diversas” y la “reelaboración” de la información por ser una petición “tan amplia”.

Por el contrario, es una labor “lógica”, contesta la Valedora, que Urbanismo tenga conocimiento “de las consecuencias de los actos” que ejecuta, razona el informe, que recuerda que el objetivo de la normativa de transparencia es “someter a escrutinio la acción de los responsables públicos, conocer cómo se toman las decisiones públicas, conocer cómo se manejan los fondos públicos y conocer bajo qué criterios actúan las instituciones públicas”.

La asociación de emprendedores solicitó en varias ocasiones, entre octubre y diciembre de 2021, la citada información, que en un primer momento fue contestada de manera escueta por parte de Urbanismo, limitándose solo a los años 2020 y 2021. “Una vez más, la Valedora ratifica que la ciudadanía tiene derecho a exigir responsabilidades por las negligencias cometidas en materia urbanística", dice Ascega.