La sección primera de la Audiencia Provincial de A Coruña desestimó el recurso de apelación interpuesto por uno de los investigados por el crimen de Samuel Luiz (K.A.S.C.) contra el auto del Juzgado de Instrucción nº8 de A Coruña que el pasado 2 de diciembre decretó el mantenimiento de su ingreso en prisión provisional, comunicada y sin fianza.

Esta es la tercera vez que le ha sido denegada a la defensa del investigado su puesta en libertad. De nuevo, el abogado del joven negó toda su participación en la paliza mortal y rebaja esta al simple hurto del móvil de la víctima.

En la resolución, contra la que no cabe presentar recurso, los magistrados indican que no han variado “los elementos y criterios en función de los que se impuso la privación de libertad, más allá del paso del tiempo y la evolución de la instrucción”.

El mantenimiento de la medida, según la Audiencia, es “necesario y proporcional a la entidad de los hechos investigados y a las concretas circunstancias que concurren en el investigado”. El tribunal subraya que las declaraciones y las imágenes incluidas en la investigación en las actuaciones permiten “vincular al apelante con el ataque, en los términos de provisionalidad que caracterizan esta fase procesal”.

Riesgo de fuga

Los jueces aseguran en el auto que existe riesgo de fuga, debido a la petición de pena de cárcel a la que podría enfrentarse el sospechoso, así como de alteración de fuentes de prueba.

Además, indican que la puesta en libertad del investigado “podría aumentar” la posibilidad de que “el apelante o personas a su ruego” realicen “actos destinados a enturbiar, condicionar o alterar medios y fuentes de prueba”. El tribunal considera, al contrario de lo que defiende el investigado, que su comparecencia voluntaria ante la policía carece de espontaneidad porque su vinculación con la agresión y su identidad ya habían sido descubiertas. Por ello, la Audiencia destaca que su incorporación a la investigación, en una condición u otra, era “previsible, por no decir inevitable, cuando tuvo lugar la presentación”. Por otra parte, subraya que la declaración que prestó, “supuestamente sincera y favorecedora para esclarecer los hechos”, no resistió “el contraste con otros elementos de convicción incorporados posteriormente a las actuaciones policiales y judiciales hasta el punto de modificar su condición en el procedimiento: de testigo a investigado”.

En cuanto a la alegación de indefensión formulada por el sospechoso, los magistrados inciden en que “no concreta cómo fue privado de sus derechos fundamentales o cómo fueron mermados”.

Así, en la resolución, la Audiencia Provincial indica que solamente hace referencia a sus “repetidas 

peticiones” para disponer en su totalidad de la última versión de la grabación de los hechos aportada por la investigación policial.