9º-14º
viernes | 22 noviembre | 2024
La problemática de la vivienda afecta al común de los coruñeses, pero también, y especialmente, a aquellos con más bajos ingresos económicos, que no pueden paliar el problema marchándose al área metropolitana, por ejemplo. En los últimos años, conforme el precio de la vivienda ha ido escalando, también se ha vuelto cada vez más frecuente la opción de alquilar una habitación en un piso compartido. Según los datos extraídos de la memoria social de la Cocina Económica, el 34% de los usuarios que atendieron el año pasado han recurrido a esa opción.
Solo el 18% ha podido alquilar una vivienda, mientras que otras situaciones extremas como una infravivienda (chabola) o vivir en la calle se dan más raramente: un 2% en el primer caso y un 9% en el segundo. Para los encuestados, la problemática principal resulta ser la falta de vivienda en un 12% de las veces. La mayoría (el 55% son inmigrantes) señala que el principal problema es que se encuentran en A Coruña en situación irregular, lo que supone una dificultad más para la búsqueda de alojamiento.
Hace solo tres años, antes de la pandemia, el alquiler de habitaciones era solo el 22% del total de los casos que se presentaban en la Cocina Económica pero la crisis de la vivienda y el confinamiento aceleró el proceso. Ya en 2021, compartir piso ya era una opción mayoritaria en un 30% y sigue creciendo, aunque también ha crecido el piso en alquiler, que ya es el 18% del total, al tiempo que bajan los recursos de acogida.
Esto acaba por conformar un fenómeno poco conocido, un “submercado marginal de realquiler, alejado de unos estándares mínimos de normalidad, donde las personas permanecen en un submundo paralelo a la sociedad normalizada”. Así es como lo describen en un informe de la Cocina Económica.
Muchas de estas personas llevan una vida con ingresos precarios que implica a menudo que arrastran problemas de salud, incluidos mentales, o dependencias al alcohol o las drogas que suelen derivar en problemas de convivencia, la cual se agrava cuantas más personas residen en la misma vivienda. “Los problemas de convivencia son habituales, como lo es cambiar de alojamiento varias veces en el año –apuntaba ya el año pasado el trabajador social Pablo Sánchez–. Si la convivencia es algo complejo de por sí, aquí los conflictos están garantizados”.
Pero estos individuos nunca podrían cumplir los requisitos de acceso a una vivienda, así que están condenados a convivir con unos indeseables compañeros de piso o convertirse en okupa. Desde la Cocina Económica detectan okupas “camuflados”: gente que alquila un piso de forma legal pero que no tiene la intención de cumplir el contrato. Suelen alquilar habitaciones a terceros, y a veces ni siquiera viven allí.
“Conocemos varios casos de usuarios que alquilan habitación pero que su casero no paga el alquiler” asegura Sánchez. Esto repercute en el acceso a la vivienda, porque los caseros piden cada vez más requisitos para protegerse. “Ocurre lo mismo con las protestas. La gente se siente indefensa. Por eso es necesario una nueva ley contra este fenómeno”, comentaba ya el año pasado el trabajador social.
A estos inquilinos no se les ofrece a veces derecho a nada, solo al cuarto de baño. “Conozco casos en los que ni siquiera les dejan poner la calefacción porque se la cobran aparte”, denunciaba Sánchez. Una forma precaria de vivir que está asentando.
