La noticia de que la ampliación de Alfonso Molina podría hacerse pronto realidad, resulta difícil de creer después de años de espera, debates y desencuentros. La ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (Mitma) Raquel Sánchez, recordó, durante su visita del lunes, que se ha incluido un millón de euros para la AC-11. Entonces no aportó fechas concretas, pero ayer, el concejal de Urbanismo, Infraestructuras y Movilidad, Francisco Díaz Gallego señaló que “entendemos que, para finales de 2023, podríamos estar hablando de Alfonso Molina en obras”. 

Los cálculos de Díaz se basan en la promesa de la ministra de que en el primer semestre se licitará el proyecto de la ampliación. Es decir, que se sacará a concurso. Pero todo depende, claro, de que el proyecto esté redactado antes de que cabe el año, como espera Sánchez. El problema es que la empresa pública Ineco lleva redactado este documento (que va camino de convertirse en su opus magna) desde 2016, por lo menos, lo que invita a considerar cualquier cálculo como optimista. “Si la licitación comienza en el primer semestre, es lógico pensar que en el segundo ya podemos ver obras en la avenida”, comentó el concejal, en un tono más razonable que confiado. 
 

Parte del retraso que se ha producido en esta infraestructura se puede achacar a la Marea Atlántica: durante su mandato, Xulio Ferreiro rechazó el proyecto consensuado entre el Gobierno de Carlos Negreira y el de Mariano Rajoy y apostó por otro tipo de ampliación, que pretendía humanizar Alfonso Molina en vez de centrarse en aumentar su capacidad. A eso se refirió el lunes el grupo municipal de la Marea Atlántica cuando emitió un comunicado Piden que se respeten las bases del proyecto modificado durante el Gobierno de Xulio Ferreiro. Sobre este particular, el concejal de Infraestructuras, aseguró que el proyecto no ha sufrido modificaciones con respecto al último acuerdo cerrado con Fomento (ahora Mitma). 
 

En tres partes

Como el propio Díaz se encargó de recordar, estaba estructurado en tres partes: la pasarela de Pedralonga (cuyas obrase comenzaron en septiembre, aunque los avances no empezaron a concretarse hasta el verano y que tiene un coste de 1,38 millones de euros, expropiaciones incluidas), la ampliación de la avenida y la humanización de su entorno. 

Fue en marzo de 2018 cuando se anunció la aprobación definitiva del proyecto de 19,1 millones de euros (se presume que el presupuesto será revisado muy al alza, dado el encarecimiento de los materiales y la inflación general) que permitirá ampliar en un carril en cada sentido la AC-11 entre el tramo que discurre de la AP-9 a la avenida de San Cristóbal. El objetivo es evitar los cruces de coches que provocan siniestros tanto en dirección entrada como salida a la altura del desvío a Pocomaco. 
 

Velocidad reducida

Una de las “grandes conquistas” del Gobierno local –en palabras del por entones concejal de Regeneración Urbana, Xiao Varela– alcanzadas durante la negociación con Fomento consistió en reducir la velocidad de la avenida, pasando de 80 a 70 kilómetros por hora en los carriles del centro y a 50 los laterales, que llevan a los desvíos. Se trata de “calmar el tráfico” para conseguir que Alfonso Molina pasa de ser una “autopista” a una “vía urbana”, para lo cual propusieron mejoras en los márgenes para facilitar el tránsito peatonal y el ciclista.
 

Díaz también salió al paso de las críticas de la oposición, que señalan que las promesas que hizo la ministra resultaban vagas e inconcretas: “Eran obras por las que la ciudad llevaba mucho tiempo esperando. Algunos partidos que critican ahora gobernaron al mismo tiempo en el Ayuntamiento y el Estado (en referencia al PP) y no fueron capaces de sacarlo adelante. Por nuestra parte, hablamos con obras”.