El BNG ha acusado este martes a la familia Franco de incumplir el régimen de visitas de la Casa Cornide, un palacete del siglo XVIII en el centro de A Coruña, desde 2021, al entender que la protección como Bien de Interés Cultural debe aplicarse desde el inicio del expediente.

Fuentes del BNG han asegurado a EFE que la protección de la Casa Cornide "es total desde el momento en que el Diario Oficial de Galicia publica, el 24 de mayo de 2021, el expediente de incoación de la declaración BIC".

"El nivel de protección es total desde el momento en que se inicia el proceso. Por tanto, la familia Franco incumple sus obligaciones en cuanto al régimen de visitas desde el 23 de mayo de 2021, incumplimiento que se produce con la complicidad de la Xunta", continúan las mismas fuentes.

En el partido nacionalista explican que esperan la demanda de recuperación de la Casa Cornide por parte del Ayuntamiento.

"Inés Rey la anunció como inmediata cuando en mayo pasado se declaró finalmente el palacete como BIC", añaden.

Esta reacción se produce tras la firmeza de la declaración de BIC de la Casa Cornide, lo que incluye la obligación a los titulares de permitir "su visita pública gratuita un número mínimo de cuatro días al mes durante, al menos, cuatro horas al día, que serán definidos previamente", según la propia resolución.

La propiedad del inmueble es objeto de controversia en la actualidad, pues tras ser propiedad de la familia Cornide pasó a ser pública y entonces, en una operación durante la dictadura, el Ayuntamiento de A Coruña la subastó y acabó en manos de Carmen Polo, viuda de Franco, por lo que el Consistorio ha anunciado acciones judiciales para recuperarla.

El inmueble, cuya antigüedad exacta se desconoce, aunque los expertos lo sitúan en el siglo XVIII, es uno de los pocos ejemplos que queda de la arquitectura residencial de la Ilustración en Galicia, y en él vivió una de las más destacadas personalidades del Siglo de las Luces, el polígrafo coruñés José Andrés Cornide Folgueira e Saavedra.

Tuvo, entre otras funciones, la de sede del Ayuntamiento de A Coruña y los colectivos memorialistas de la ciudad demandan la reclamación de la propiedad, en este caso a nivel municipal, en una operación similar a la que llevó a cabo el Estado con el Pazo de Meirás.