Este año que comienza se adivina agitado para la comunidades de vecinos de edificios de 50 años de antigüedad o más, de los que se calcula que existen 8.500 en toda la ciudad. Todos deben pasar la revisión de la Xunta, el denominado informe de evaluación de Edificios (IAE) del Instituto Galego da Vivenda e Solo (IGVS). Inicialmente, el plazo dado por la Xunta era hasta mayo, pero el Gobierno gallego decidió dilatarlo debido a la imposibilidad de que las comunidades de propietarios cumplieran el plazo. No solo ellos, sino los profesionales, como los Colegios de Administradores de Fincas, de manera que se amplía dos años más.

Hay que tener en cuenta que, A Coruña cuenta con un parque inmobiliario muy antiguo. Solo en la zona Pepri (Plan especial de protección y reforma interior de la Ciudad Vieja y Pescadería) existen cerca de 1.800 edificios con más de medio siglo a cuestas. Pero, en contra de lo que se puede creer, no es el único barrio con este problema. El de Os Mallos, por ejemplo, es uno de los que más edificios viejos alberga.

Por ejemplo, según el portal de Idealista, la mayor parte de los edificios de la Ciudad Vieja se construyeron a partir de 1951, mientras que la media del Ensanche es 1967 y la de Os Mallos, 1966. Agra do Orzán y Ventorrillo es de 1969 y la Sagrada Familia, 1970. Es decir, que en casi todos los barrios, la edad media de los edificios supera los 50 años, lo cual explica el gran desafío a los que tiene que enfrentarse no solo las comunidades de propietarios, sino también el sector profesional, que verá como aumenta mucho la demanda de sus servicios.

Oficina de Rehabilitación

Supone mucha actividad para las comunidades de propietarios, a las que hay que poner de acuerdo en un momento en el que no se pueden celebrar reuniones presenciales. Por su parte, el Ayuntamiento, en un pleno reciente aprobó la nueva ordenanza de conservación de la edificación, que no es más que la regulación municipal del decreto autonómico, y que pone a disposición del público la Oficina de Rehabilitación.

Las comunidades de propietarios son informadas de las normas a través de las gestorías y los administraciones de fincas. Todas deben encargar la verificación técnicas y presentar el informe de inspección técnica, excepto aquellos declarados ruina. Una vez superada, será válida por el plazo de diez años.