Durante el mandato pasado, el Ayuntamiento tuvo que acudir en varias ocasiones a los juzgados después de que la CIG recurriera varios nombramientos de funcionarios, por considerar que se habían hecho “a dedo” mediante comisiones de servicio. El sindicato nacionalista considera que se ha convertido en una verdadera bestia negra para el Ayuntamiento y así explican la sanción de 15 días de empleo y sueldo a una de sus delegadas sindicales. Recuerdan, además, que durante el mandato pasado se convocaron 226 puestos en comisión de servicio, y considera que el Ayuntamiento está abusando de esta figura para sus propios fines partidistas. 

Por su parte, fuentes de María Pita aseguran que solo se ha expedientado a una funcionaria por difundir datos personales de usuarios de servicios sociales fuera del ayuntamiento, “lo que constituye una infracción grave por vulnerar la protección de datos”. Por parte del área de Bienestar se solicitó iniciar un expediente por dichos hechos de manera que son 15 de días de suspensión por revelación de secretos e incumplimiento manifiesto del deber de sigilo.
 

En cuanto a la comisión de servicio, es una herramienta legal  para ocupar un puesto que está vacante de forma urgente por otro funcionario. En teoría, se trata de una medida de transitoria, y solo puede mantenerse durante dos años, pero desde la CIG aseguran que el Gobierno local abusa de ella para escoger quién ocupa los cargos de responsabilidad.  
 

Un modo de gestión 

En realidad, no es algo nuevo: en 2018, con Xulio Ferreiro, había 151 funcionarios en comisión de servicio. Sin embargo, consideran que durante el primer mandato de Inés Rey la situación ha empeorado, y señalan directamente al concejal de Personal y portavoz del Gobierno local, José Manuel Lage. Es a él a quien acusan de iniciar un proceso sancionador por hechos que son “rigorosamente falsos”. Desde la CIG creen que no es más que una represalia contra la delegada por poner trabas a su política, que consiste en convertir “unha irregularidade nun modo de xestión”.

Es más: en un comunicado oficial califican la actitud de Lage de “rancorosa, vengativa e fascistoide”, asegurando que ha iniciado un procedimiento sancionador con la colaboración necesaria “dos estómagos agradecidos dos que se rodea”. De ahí que se manifiesten hoy a las once y media frente a la plaza de María Pita, en la primera manifestación que tiene lugar después de que se haya constituido la nueva Corporación y advierten que no es más que el inicio de una campaña de movilizaciones. 

En los tribunales 

Al margen del caso de la delegada sindical, la CIG se ha enfrentado al Gobierno de Inés Rey en numerosas ocasiones, aunque este siempre ha recurrido las sentencias desfavorables. Por ejemplo, en el proceso ordinario que permitió que la actual concejala de Seguridad Ciudadana, Montserrat Paz, se convirtiera en jefa de servicio y que obligó a Lage a acudir al juzgado a declarar. 

El sindicato nacionalista señala que el Ayuntamiento no ha cambiado su postura al respecto y denuncia que, durante el periodo de interinidad que media entre las elecciones y la investidura, la alcaldesa promovió otras siete comisiones de servicio. Pero, además, la CIG protesta porque  el Ayuntamiento no ha acatado las sentencias que le obligan a cubrir los puestos mediante un concurso ordinario porque el cese efectivo debe hacerse en función de avance de los procesos de selección, que están paralizados. Va a elevar el caso a la Fiscalía.