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viernes | 22 noviembre | 2024
Gobernar una ciudad consiste, en gran medida, en cuidarla. A los coruñeses, como a cualquier hijo de vecino, les gusta pasear por aceras cuidadas y descansar junto a un césped podado, libres de escalones vencidos, ni losas sueltas. Pero a menudo se suceden los incidentes. Un resbalón, un tropiezo cuando se camina despistado, un golpe en la carrocería del coche por un bordillo levantado. En los casos más graves, incluso huesos rotos. El resultado es que el Área de Asesoría Jurídica del Ayuntamiento recibe cada año docenas de denuncias. Para muestra, un botón: en la Junta de Gobierno celebrada ayer, se trataron ocho asuntos que tienen que ver con reclamaciones de responsabilidad patrimonial.
A veces se trata de daños en personas y otras, en vehículos, como el ciudadano que se queja de que la rama de un árbol en los jardines de Méndez Núñez se le cayó encima. Otras veces consiste en una caída en Alcalde Marchesi (recientemente peatonalizada) o en Juana de Vega. El propietario de un local en la calle Antonio Noche, presentó también otra reclamación porque su establecimiento se inundó a consecuencia de un atasco en la red de pluviales de la ciudad.
En algunos casos, las lesiones son graves o los desperfectos que han sufrido suman miles de euros que el ciudadano indignado se dirige a reclamarle al Ayuntamiento. Sin embargo, fuentes legales consultadas advierten de que no resulta fácil conseguir que estas reclamaciones prosperen.
Xaime Dapena, de dP Abogados consultores, asegura que, aunque reclamar por un tropezón al Ayuntamiento (o a cualquier otra Administración) ha “pasado toda la vida”, la situación ha cambiado en los últimos 25 años.
Dapena explica que el primer paso consiste en acudir a la Administración (Diputación, Xunta, Gobierno central o, en este caso Ayuntamiento) y presentar lo que se conoce como una reclamación previa. La Administración tiene que responder en seis meses porque existe una doctrina del Tribunal Superior que determina que el silencio equivale a una respuesta positivo. Es decir, que si el Ayuntamiento no contesta, reconoce su culpa. El que calla, otorga.
De todos modos, Dapena señala que aunque esa sea la teoría, “no lo es en la realidad porque no hay jurisprudencia. No hay asuntos firmes que verifiquen lo que se dice en la doctrina”. Por su fuera poco, en caso de recibir contestación, “el 100% de las veces, el Ayuntamiento rechaza la reclamación”, reconoce el abogado.
Sin embargo, se trata de un requisito imprescindible para acudir al juzgado de lo contencioso administrativo y tiene la ventaja de que se puede realizar sin abogado ni procurador. Es el propio ciudadano el que presenta el escrito. Pero para el siguiente paso, una vez denegada la vía extrajudicial, ambos profesionales sí son necesarios. “Aquí empiezan las fotografías de la acera, los partes de daños y perjuicios personales, las facturas de todo lo que se te han roto, hasta las llaves”, enumera Dapena.
Armado con todas las pruebas disponibles, y acompañado por su abogado, el ciudadano se presenta en el juzgado de lo contencioso-administrativo. Allí se encuentra con el abogado del Ayuntamiento, y ambos comparecen ante el juez, que debe atender el caso de forma imparcial, puesto que ambas partes son iguales a ojos de la ley. “Hace 20 años, las sentencias eran más favorables a los ciudadanos de a pie. Pero ahora, si el particular pierde, tiene que pagar las costas”, advierte Dapena.
Él mismo ha llevado casos contra el Ayuntamiento, una caída en María Pita, donde una mujer se rompió una cadera o un joven que se quebró el tobillo en el campo de la Torre, pero siempre aconseja a los clientes no reclamar daños y perjuicios: “La realidad es muy diferente, y complicada, de veinte reclamaciones que se presentan ante el Ayuntamiento, cinco acaban en los tribunales, y de estos se gana una”.
