Puede que lo público sea de todos, pero a veces eso conlleva que se trate como si no fuera de nadie. Por eso  el grupo Ergosfera ha elaborado su propio catálogo de las propiedades de A Coruña. Se trata de una antigua asociación de estudiantes de Arquitectura y, actualmente, una cooperativa de trabajo que contó con la colaboración de los investigadores de Santiago Cristina Botana y Brais Estévez. Tras un duro trabajo de más de un año, que concluyó el mes pasado, realizaron varios hallazgos, como cerca de 25 propiedades públicas pertenecientes a distintas administraciones dispersas por toda la ciudad. Pero sobre todo, la falta de información que las entidades ponen a disposición del ciudadano.

En esta lista se incluye el parque automovilístico de A Grela, la antigua cárcel provincial, los arcados de Riazor, la parte de abajo del Millenium o los edificios de la Sareb en los números 380 y 376 de la avenida de Finisterre. “También descubrimos las seis parcelas que tenía inmovilizadas el Ayuntamiento”, explica Iago Carro, presidente y fundador de Ergosfera. Poco después de publicar sus resultados, el gobierno local  decidió movilizarlas para construir en ellas viviendas pública.

Carro considera que esta falta de información sobre los bienes públicos es “terrible, porque los ciudadanos no podemos opinar, ni participar en debates urbanos de actualidad con datos en la mano”. El arquitecto invita a pensar sobre lo que significa, por ejemplo, en el caso de los terrenos portuarios, que afrontan ahora un largo proceso de reordenación. O en la estrategia para afrontar el acceso popular a la vivienda. “Estamos discutiendo sin saber con qué superficie urbanizable cuentan las administraciones para construir vivienda pública”, añade.  

Los arquitectos denuncian la falta de información accesible de las instituciones  como “terrible”

El presidente y fundador de Ergosfera en 2006 explica que se trata del mapa más preciso existente de la distribución de las propiedades en la ciudad, recurriendo sobre todo a fuentes catastrales. El resultado es una imagen en la que el 42% de la superficie está cubierta por el color azul de lo público, un proyecto pionero. “No hay con qué compararlo, porque no se ha hecho nada así en ninguna otra ciudad de Galicia”, asegura el arquitecto.  

Este proyecto de investigación no se ha limitado solo a consultar el catastro. Ha sido necesario mucho trabajo para conseguir la información que faltaba, o que estaba desactualizada,  y Carro asegura que no siempre han podido contar con la colaboración de las autoridades, incluidas las instituciones públicas, a la hora de recabar la información sobre las propiedades.

Todo empezó en febrero del año pasado, cuando Ergosfera consiguió una pequeña financiación de la Universidad de A Coruña, 3.000 euros. Normalmente, un proyecto así habría sido mucho más caro, pero se pusieron manos a la obra y emplearon la cartografía catastral como base, dado que se actualiza constantemente. “Era muy útil porque nuestra perspectiva era la propiedad y sus límites”, dice Carro. Pero eso no fue más que el principio, porque tuvieron que trabajar con los inventarios de bienes públicos, pero solo para descubrir que estaban en condiciones muy diversas. En el caso municipal, los datos accesibles se remontaban a 2014.

El de la Diputación era mucho más reciente, de 2023. Sin embargo, Carro critica que apenas contenía datos, lo que provocó que resultara muy laborioso identificar las propiedades. El mejor de todos los catálogos resultó ser el de la Xunta, aunque también presentó problemas por el formato de los archivos. Y finalmente hubo que recurrir a  los del Estado, y otras instituciones, como el Banco de España.

Pero esa fue solo la primera fase. Tras el volcado de datos a la cartografía catastral comenzaron los verdaderos problemas. Por ejemplo, Emalcsa, la Empresa Municipal de Aguas, es independiente, pero no cuenta con un inventario propio. Tuvieron que recurrir a las memorias de sostenibilidad y a los informes de fiscalización para contabilizar todo, hasta los depósitos de agua.

Además, ninguna de las administraciones contaba con un catálogo de suelo. Es decir, que las propiedades rústicas o urbanas no construidas no figuraban en ninguna parte. El grupo Ergosfera no se dio por vencido y comenzó a investigar en las hemerotecas digitales de las administraciones llevando a cabo un auténtico trabajo detectivesco.

Así fue como descubrió que la Siepse (Sociedad de Infraestructuras y Equipamientos Penitenciarios y de la Seguridad del Estado) no tiene inventariada la cárcel provincial cuya propiedad le disputa al Ayuntamiento desde hace años. “Conseguimos encontrar la licitación para el servicio de vigilancia del edificio y así logramos añadir otra propiedad”, comenta el presidente de Ergosfera.  Pero eso no fue todo.

El proyecto entró en una tercera fase, donde emplearon los portales de transparencia y “nos volvimos un poco locos”, como reconoce Carro. Enviaron una solicitud de información de listado de propiedades inmobiliarias y de suelo nada menos que a 52 instituciones. “La mayoría nos contestó, pero solo nos daba un enlace a la información colgada en la web, que ya habíamos mirado en la primera fase, y solo unos cuantos sí nos respondieron con un listado nuevo”, recuerda.

Dividieron incluso la propiedades pública entre aquella a la que el acceso es libre y el que es restringido. Por ejemplo, el recinto portuario o los edificios públicos a los que se puede entrar solo en el horario adecuado, para diferenciarlos de los espacios abiertos las 24 horas. Todo quedó publicado en su página web, ergosfera.org, para que cualquiera pudiera consultarlo. “Una de nuestras premisas era que se pudiera compartir la información, que cualquiera pudiera descargarla y trabajar con ella”.

Es, desde luego, un trabajo encomiable que pone en evidencia el que no han hecho las instituciones. Ergosfera piensa continuarlo si consigue más fondos para seguir mejorando y actualizando el registro de unas propiedades que son de todos.