La familia del joven coruñés Diego Bello ha expresado su satisfacción por el comienzo del juicio, el 11 de octubre en Manila, contra los miembros de la Policía Nacional filipina acusados del asesinato de Diego en enero de 2020, en la población de General Luna, en la isla de Siargao. El fiscal acusa a los agentes de la PNP (Philippines National Police), el capitán Wise Vicente Panuelos y los sargentos Roel Azarcón y Nido Boy Cortez de un delito de asesinato y otro de manipulación de la escena del crimen.
 

El Juzgado número 1 de la Corte Regional de Manila prevé celebrar 2 sesiones cada mes para tratar de determinar la culpabilidad de los acusados y esclarecer las motivaciones del crimen. En la primera jornada, que se celebrará el próximo miércoles 11 de octubre, está previsto que la acusación presente pruebas contra los policías, y llame a declarar a los primeros testigos.
 

Francisco Lafuente, tío de la víctima y portavoz de la familia, ha afirmado que “después de tres años y medio de lucha para conseguir justicia para nuestro querido Diego, vemos más próximo conseguirlo gracias al trabajo de mucha gente: familia y amigos, embajada en Filipinas y representantes de los partidos políticos y de equipos deportivos, y también al apoyo de los medios de comunicación. Seguiremos el desarrollo del juicio y estaremos atentos a lo que suceda a partir del día 11".

Antecedentes

Según el informe policial, Bello estaba considerado el narcotraficante número 1 de la isla. Las investigaciones tanto de la Comisión de Derechos Humanos de Filipinas (CHR) y del National Bureau of Investigation (NBI) -Policía Judicial de Filipinas- apuntan a que dicha operación fue un montaje cuyo único objetivo era el asesinato del empresario coruñés. Las citadas investigaciones, así como los testimonios bajo juramento de diferentes testigos, desmontaron las declaraciones de los policías que habían alegado haber disparado a Diego Bello en legítima defensa.

Los acusados permanecen en prisión desde febrero de 2023, cuando se entregaron en Manila, después de estar huidos de la justicia durante 10 meses. Sobre ellos pesan las acusaciones de asesinato y alteración de pruebas. Dicha entrega fue objeto de una numerosa rueda de prensa del ministro de Justicia filipino, Jesús C. Remulla, con la insólita presencia en la misma de los tres policías acusados del asesinato de Diego.