El trágico suceso de esta semana, en la que un policía nacional robó un arma de los vestuarios de la comisaría de Lonzas antes de morir acribillado en un tiroteo con guardias civiles en Burgos ha servido para cuestionar la seguridad en la comisaría. Desde el sindicato Jupol denuncian que septiembre de 2019 ya había alertado a la Jefatura Superior que suponía una neglicencia no contar con un armero en condiciones.

Entonces, en respuesta a un escrito suyo, el jefe regional de Operaciones había manifestado que se iba a instalar un armero, pero esa medida nunca se llevó a cabo. El martes, el policía fallecido, un ferrolano de 46 años que se encontraba de baja psicológica, reventó tres taquillas de los vestuarios policiales antes de hacerse con un arma. Luego viajó en un coche robado hasta un pueblo de Burgos, donde fue interceptado por varias patrullas con las que intercambió disparos.