La comisión de Medio Ambiente reunida esta mañana bajo la presidencia del viceportavoz del grupo municipal del PP, Roberto Rodríguez, confirmó, según los populares "la negligencia" del gobierno de Inés Rey a la hora de controlar la ejecución de los contratos millonarios, como sucede en el caso STL.

La labor de control corresponde a dos concejalías, la de Hacienda y la de Medio Ambiente, explican, que no detectaron las irregularidades denunciadas e investigadas en el juzgado a pesar de que era “un secreto a voces” y de las múltiples advertencias de los sindicatos, como reconoció la propia concejala de Medio Ambiente, Esther Fontán, en la comisión, quien añadió que tuvieron conocimiento a través de la prensa porque nunca tuvieron pruebas documentales para actuar y que todos los informes que se hicieron señalaban que todo se hacía de forma correcta.

Roberto Rodríguez señaló que es necesario que el Gobierno municipal “eleve su nivel de autoexigencia porque no ha estado a la altura. El personamiento en el juzgado ha llegado tarde, cuando debió ser el primer día, al igual que la investigación interna que se ha limitado a solicitar nuevos informes a la propia concesionaria”, y tras afirmar Inés Rey primero que no afectaba al ayuntamiento y luego ir cambiando su opinión a medida que se iban conociendo los hechos que afectan de lleno a dos contratos municipales.

La tardanza en responder también fue la crítica elevada por el BNG ante la actuación del Ejecutivo, que su portavoz, Francisco Jorquera, definió como “tardía, contraditoria e vacilante”. “O Concello non ten que actuar só ante un posíbel dano económico, senón tamén ante o menor indicio de prácticas en servizos públicos municipais que atenten contra os dereitos fundamentais”, defendió Jorquera.

Durante la Comisión, Jorquera enfatizó que el Ayuntamiento sí dispone de herramientras para garantizar el correcto funcionamiento de los servicios públicos. “Os contratos dos servizos de limpeza viaria e recollida de lixo habilitan o Concello para investigar as condicións de contratación”, destacó Jorquera, quien subrayó que el servicio de medio ambiente “pode inspeccionar as instalacións, a documentación e a contabilidade da empresa”. “Após o inicio da investigación xudicial”, relató Jorquera, “o Goberno Municipal deu o silencio por resposta baixo o argumento de que eran feitos que estaban incursos nunha investigación xudicial e desbotou abrir unha investigación interna”. “Agora”, insistió, “o Goberno Municipal anuncia unha investigación interna e di que se personará no proceso xudicial aberto. Parécenos unha resposta tardía, contraditoria e vacilante”. 

Por su parte, la Marea Atlántica considera que el Ayuntamiento aplicó el control "de forma moi laxa e sen o rigor suficiente", por lo que insta al Gobierno local a "empregar ao máximo estas ferramentas das que dispón, para garantir limpeza na limpeza. E a reforzar o servizo de Medio Ambiente con persoal que sexa necesario para iso, como solicitamos varias veces".
 

Respecto a lo recogido en el pliego sobre la labor de control y seguimiento de la ejecución del contrato por parte municipal, el PP señaló que la concejala mencionó la falta de personal en su área a pesar de haberlo solicitado reiteradamente, tal y como informó en la comisión, y que nunca habían asesorado a la concesionaria a la hora de escoger a la empresa de economía social a través de la que se contrataba a personas con discapacidad y que está siendo investigada judicialmente. Sin embargo, el pliego es claro en que el ayuntamiento debía hacerlo para “garantizar los derechos y condiciones laborales de los trabajadores de la subcontrata”.

También se constató, aseguran los populares, que no se están realizando los controles de calidad recogidos en los pliegos, a pesar de que varios sindicatos han denunciado incumplimientos de los pliegos, tanto en medios materiales como humanos, como una subcontratación un 1.000% superior a la permitida en los pliegos o que el turno de noche, que tiene una asignación de 25 efectivos, se está cubriendo con 4 personas.

El PP convocó la comisión para que el Gobierno municipal diese explicaciones por el caso STL ante "la falta de transparencia de Inés Rey", a pesar de que este suceso afecta a dos contratos adjudicados por el actual gobierno en 2020 por un importe total de 208 millones de euros, como son limpieza viaria, 115 millones (14,4 millones anuales durante 8 años) y recogida de residuos, 93 millones (11,6 durante 8 años). El viceportavoz popular recuerda que esperaron "a que el gobierno socialista convocase a una reunión a los grupos municipales para trasladar información acerca de este caso, pero no lo ha hecho, y la Marea convocó la comisión de Transparencia y Contratación que preside, porque en este tipo de cuestiones en que se tapan mutuamente se comportan como socios, como ya ocurrió a la hora a exigir responsabilidades por los casos Someso, Conde de Fenosa, Castro de Elviña, los pisitos o las tarifas bus, que han supuesto millones de euros en indemnizaciones”.