Con el mandato de Inés Rey entrando en su recta final, crece la urgencia para atar los cabos sueltos, y muchos de ellos pertenecen a la Concejalía de Medio Ambiente. Por eso, el concejal popular Roberto Rodríguez ha convocado para el martes una comisión en el que se debatirán algunos de los asuntos más espinosos para el Gobierno local, como es la licitación de la concesión de la planta de reciclaje o el escándalo de corrupción del sindicato de limpieza STL. 

En la comisión, la concejala de Medio Ambiente, Esther Fontán, tendrá que rendir cuentas también de la situación actual del servicio municipal de cementerios y sobre las novedades de la futura ordenanza de Bienestar Animal. Sin embargo, es el escándalo de STL y el problema de Nostián los asuntos más graves y sobre los que el Gobierno local ha mantenido cierta reserva. La comisión solo tiene carácter informativo, pero obligará a posicionarse a Fontán, que lleva meses haciendo escasas apariciones públicas, a lo que hay que sumar el hecho de que no repetirá en su cargo. 
 

Cambio de modelo   

En sus intervenciones en el pleno, Fontán siempre ha defendido el modelo de dos contenedores (orgánico e inorgánico) de A Coruña por encima del que existe en la mayor parte del territorio gallego y español, que añade un tercer contenedor para envases ligeros.  Sin embargo, a principios de año, la alcaldesa anunció que en el nuevo contrato de la planta de reciclaje de Nostián que se cambiaría de modelo, a pesar de ser menos eficiente.  
 

Rey aseguró que la normativa estatal obligaba a este cambio, pero se encontró con la desconfianza de los municipios que forman parte del área metropolitana que conforman el Consorcio As Mariñas, preocupados por la subida de tasas. Tras una reunión, se supo que estaba preparando un documento para solicitar la excepcionalidad al Gobierno.
 

En cuanto a STL, se sospecha que este sindicato conseguía empleos en la contrata de limpieza viaria a cambio de comisiones.  El PP quiere conocer hasta qué punto el Gobierno local ha ejercido control sobre las contrataciones y el BNG ya ha pedido la rescisión de los contratos si se prueba la trama de corrupción.