El secretario general del PSdeG en la provincia de A Coruña, Bernardo Fernández, dio ayer el pistoletazo de salida de cara a las elecciones municipales del próximo año en el que los socialistas tienen ante sí el reto de mejorar el resultado de 2019, que consideraban “histórico”. El partido celebró en el hotel Attica 21 su primer comité provincial tras el cambio de directivas, pues el anterior secretario general ahora lidera el partido a nivel autonómico y Bernardo Fernández, que también es alcalde de Pontedeume, ascendió a nivel provincial.
“Empezamos el trabajo para rearmarnos de cara a las próximas elecciones municipales y que el resultado que sean tan histórico como en 2019, cuando conseguimos la mayor parte de las alcaldías de la provincia, las tres ciudades y la diputación provincial”, declaró. Conviene recordar que, a nivel local, el PSOE ha sido derrotado por el PP en las últimas tres elecciones municipales en las que ha sido siempre la lista más votada, y que solo con un pacto de investidura con la Marea Atlántica y el BNG, su candidata, Inés Rey, pudo llegar a la alcaldía.
Fernández reconoce que las actuales circunstancias son “complejas” pero asegurar estar “convencido” de que el PSdeG es “la mejor opción para gobernar las instituciones”.
Aclara que el partido está “cerca de la ciudadanía”, con las personas “en el eje de sus políticas” cuando gobierna y también lo hace cuando está en la oposición y confronta esto con las “políticas partidistas” de las que acusa a otros grupos y ha citado como ejemplos lo ocurrido con el Partido Popular en Ferrol, Ponteceso o Muxía, con unos votos en contra de una serie de planes cuyo rechazo, según defiende Bernardo Fernández, lleva “a la pérdida de subvenciones”. Ha denunciado también que “la Xunta de Galicia no hace más que quejarse sin ejercer sus competencias”, lo que vincula con “esa visión partidista que tiene de las instituciones”.
“La única medida que ha tomado es eliminar la tarjeta básica, que dejó a más de 30.000 familias en la provincia”, ha ironizado. Asegura que existe una “inacción total y absoluta” por parte del Gobierno gallego, que tiene importantes competencias, incluso exclusivas en algunos casos, en “materia sanitaria, materia social, materia industrial y materia de empleo”.