Los edificios de la antigua promoción de Epamar, en Palavea, no se convertirán finalmente en viviendas sociales. Después de meses de negociaciones entre el Ayuntamiento y entre la Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria (Sareb), más conocido como el “banco malo”, esta entidad ha decidido vender estas viviendas a una entidad privada, cuya identidad no ha trascendido.

La Concejalía de Urbanismo llevaba negociando con la Sareb desde hacía más de un año la cesión de estas viviendas, que han sido objeto de varias ocupaciones, vandalismo y otros incidentes, con la idea de reformarlas y convertirlas en viviendas sociales, que permitirían a los jóvenes independizarse. La Sareb era el principal acreedor de la inmobiliaria propietaria del inmueble, que quebró como otras tantas cuando estalló la burbuja inmobiliaria, durante la crisis de 2008. En un principio, iba a subastarse, pero el juzgado de instrucción número dos paralizó la subasta a instancias del “banco malo” que pretendía apropiarse directamente del inmueble para recuperar el valor de 6,2 millones de euros.

Modelo de Miño

Conviene recordar que esos inmuebles nunca llegaron a ser entregados los que los compraron en 2005 debido la quiebra de la inmobiliaria por el estallido de la burbuja del ladrillo. Como señaló en su día la alcaldesa, Inés Rey, la mayoría de ellos nunca serán indemnizados simplemente porque no se les ocurrió pedir garantías cuando firmaron el contrato. Lo que pretendía el Ayuntamiento era seguir un modelo semejante al de Miño, municipio con el que el Sareb firmó una cesión parecida para su bolsa de alquiler social. Pero en este caso, la operación no ha tenido éxito.

En todo caso, que finalmente se haya vendido es una buena noticia para los vecinos de Palavea, que llevan cerca de dos décadas sufriendo las molestias generadas por los individuos que acuden a las viviendas para perpetrar actos vandálicos, fiestas, e incendios, así como robo de material: cristales rotos, grifería desaparecida y cables arrancados. La nueva propietaria tendrá que invertir una gran cantidad de dinero en reformarlos.

Por otro lado, que haya un propietario significa que acabarán los casos de ocupación que han sufrido en los últimos tiempos, y que han generado roces entre los okupas y los vecinos. En algunos casos, con violencia.