El último día de junio se vivió el fin de la okupación del número 43 de la avenida de Oza, que generado problemas durante los dos últimos años. Cuando por fin los okupas abandonaron el inmueble, estos resultaron ser jóvenes magrebíes que se disponían a buscar otro alojamiento después de recibir algo de dinero a cambio. Su destino es incierto: según el Comité Antisida de A Coruña (Casco) que trabaja con este colectivo, solo el 5% está consiguiendo salir de la marginalidad.

Los jóvenes magrebíes empezaron a hacer notar su presencia en la ciudad poco antes de la pandemia, en el barrio de A Falperra,  donde ocuparon dos edificios enteros y generaron problemas por los hurtos de los que se les acusaba, entre otras cosas.
También ocurrió lo mismo en O Peruleiro, donde ocuparon varas casas bajas durante años. Muchos de ellos son argelinos o marroquíes, rondan los veinte años y no cuentan con ningún familiar en el que apoyarse. 

Algunos se han hecho adultos en España, después de pasar largas temporadas en centros de menores en el sur. 
Hasta ese momento, la ciudad no había tenido que enfrentarse al problema que suponían tantos jóvenes sin supervisión. La mayoría se encuentran en el país en situación irregular y con escasas posibilidades de normalizar su situación, lo que es la principal razón que explica que estén conformando una bolsa de marginalidad.

Trabajo

Sonia Valbuena, presidenta de Casco, rompe una lanza por estos jóvenes. “Es cierto que el último real decreto abrió alguna puerta  a la regularización por estudios o por haber estado en menores y no haber cumplido los 23 años”,  explica. De ahí esa minoría de un 5% que, Valbuena aclara, solo se refiere a aquellos con los que trabaja directamente Casco, unos cien sujetos que cumplen ese perfil. 

“A algunos los hemos regualizado por los trámites normales: arraigo social, tres años de estancia en España y oferta laboral”, añade. De hecho, contrataron en su equipo de monitores un joven que había pasado una temporada en uno de los pisos que Casco gestiona para jóvenes sin hogar. En el caso de la avenida de Oza, la única inquilina legal que resiste allí reconocía, mientras se iban los jóvenes inmigrantes irregulares que “son gente bastante decente. A mí nunca me han molestado”. Por su parte, la responsable de Casco rechaza la mala prensa que tiene este colectivo, muchas veces asociado a robos o tráfico de drogas a pequeña escala. “Todos están buscándose las castañas como pueden y se ha potenciado que esté más motivada para estudiar, para insertarse económicamente después”, aseguró. Si están en riesgo de exclusión social, advierte, es precisamente por la dificultad de acceso al mercado laboral. “Es cierto que algunos se dedican a la criminalidad, como los nacionales”, reconoce. En Casco les ayudan a plantearse los estudios por primera vez, dado que su prioridad al llegar a España era trabajar, aunque fuera en negro, para sostenerse, les mantiene lejos de la calle: “Si convalidan la ESO, y consiguen una FP, pueden encontrar un empleo mejor. Ese es el camino”. 

Valbuena considera que, a día de hoy, existe una bolsa de marginalidad. “Sobre todo, que la gente perciba que con estas personas hay que trabajar, que la inmensa mayoría son muy buenas personas que lo que quieren hacer es salir adelante”.