Esta misma semana se ha aprobado en el Congreso la ley de bienestar animal, que impulsa los derechos de los animales y su protección frente al maltrato. Mientras, a nivel local, la ordenanza del mismo nombre permanece estancada en los trámites. Esta texto implicaría, entre otras cosas, la obligación por parte de los dueños de los perros de disolver los orines con agua de una botella, pero no hay una fecha para su entrada en vigor. Fuentes municipales aseguran que se llevará a pleno cuando esté rematada. Sin embargo, la concejala de Medio Ambiente, Esther Fontán, aseguró en el pleno, a instancias de la concejala de Podemos, Isabel Faraldo, que ya está terminada.
No es el único proyecto de la Concejalía de Medio Ambiente. El caso de la planta de reciclaje de Nostián está en la mente de todos. Sin embargo, el retraso en la ordenanza es más difícil de explicar. Fontán había anunciado ya en 2021 que estaba decidida a regular este y otros aspectos de la tenencia de animales.
Conviene recalcar que lo que el Gobierno local llevará a pleno en una fecha aún por determinar (pero presumiblemente antes del fin de mandato, que termina en mayo) no se trata de una nueva ordenanza de bienestar animal, sino de una simple modificación, pero incluye algunos cambios importantes. Para empezar, se elimina la mención al sacrificio animal que aún subsistía en la anterior normativa, y que también se refleja en la ley nacional. Pero quizá el cambio más importante para los amantes de los animales sea que el arenal de Bens se convertirá en la primera playa canina de A Coruña. Se trata de una medida muy esperada, aunque algunos señalan que se encuentra demasiado lejos del centro.
En una reunión mantenida en octubre, Fontán explicó a la oposición que, de escogerse otro arenal para acoger a los perros, este perdería la bandera azul, la marca de calidad de las aguas. Bens es la única playa de un tamaño importante dentro del término municipal que no cuenta con dicha señal (aunque Oza la pierde a menudo), de ahí que parezca la elección evidente a ojos del Gobierno local .
Otro tanto ocurre con el contrato de la concesión de la perrera municipal: su licitación lleva un considerable retraso y el actual contrato, prorrogado dos años, caducará en noviembre. La Concejalía de Medio Ambiente lleva, desde que comenzó el mandato, tratando de sacar a licitación un nuevo contrato de las instalaciones. Incluye la mejora de los caniles, y la exigencia de campañas de adopción más efectiva.
A día de hoy, existen unos 60 animales en las instalaciones de Bens y unos veinte perros acogidos fuera, así como otros tantos gatos por los que se paga un sobrecoste. Además, desde la Concejalía de Medio Ambiente se ha solicitado un estudio para saber si la concesionaria, Servigal, debe ser compensada por el sacrificio cero de los animales.
Por su parte, Unidas Podemos presentó una moción en noviembre en la que denunciaba que le habían llegado quejas por la falta de atención recibida por parte de viarias personas que habían acudido a adoptar un animal, y que no lo habían encontrado en las mejores condiciones de salubridad, algo que la empresa niega.
Uno de los principales problemas que sufre la perrera es que alberga animales peligrosos que son los más difíciles de adoptar, sobre todo aquellos que llevan mucho tiempo en sus instalaciones. Pero a ninguno es fácil encontrarles un nuevo hogar.