El Juzgado de lo Mercantil número 2 acordó la apertura de la fase de liquidación de Alu Ibérica LC (antigua Alcoa) y declarado disuelta la sociedad, cesando en su función sus administradores, que son sustituidos por la administración concursal. La situación del concursado durante esta fase, según el auto, será “la de suspensión del ejercicio de las facultades de administración y disposición sobre su patrimonio”. Para los trabajadores, se trata de un nuevo clavo en el ataúd de la fábrica, no por anunciado menos doloroso. El presidente del comité, Juan Carlos Corbacho, denunció el abandono de la Administración: “Todos los implicados nos han mentido. Cualquier fórmula de salida es sin los trabajadores”.

En total, son casi 300 los empleados que ahora corren peligro inminente de perder sus puestos de trabajo. Hay que recordar que la empresa se encuentra en concurso voluntario de acreedores desde diciembre, tras acreditar ante el juzgado su estado de insolvencia. La magistrada indica en el auto que consta “el informe de cese de actividad por la administración concursal y la falta de objeciones del deudor”, por lo que considera que concurren los requisitos previstos para acordar la apertura de la fase de liquidación de la compañía.

El viernes pasado se había presentado el inicio del expediente de extinción de empleo para casi 300 trabajadores, que deberán formar una comisión representativa en una semana para negociar los despidos. Desde la Xunta, la conselleira de Emprego, María Jesús Lorenzana, quiso mostrarse cautelosa: “Dende que o proceso esta xudicializado, nós como comunidad autónoma non temos moito mais que decir. Por supusto, sempre apoiamos e estamos a súa disposición e velamos que a negociación se faga con boa fe e apoiamos a búsqueda de compradores”. Lorenzana coincidió con el conselleiro de Economía, Francisco José Conde, en que la fábrica de aluminio debe ser intervenida por la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales. SEPI). “Esa é a vía que estamos apoiando, pero depende da Administración Xeral do Estado”. Estamos intentando colaborar”.

Corbacho coincide en que esa es la vía más rápida ahora mismo, pero añade que “desde la Xunta también se pueden hacer gestiones para resolver esta situación, y tampoco tenemos reuniones con la Xunta, todas las administraciones implicadas tienen su parte de culpa”. Sabemos que es la salida de la falta de una venta a la liquidación.

Para el portavoz de los trabajadores, el Expediente de Regulación de Empresa (ERE) de extinción, que supone un despido masivo, significa que las administraciones “acaban de confirmar su traición a todos los trabajadores. Nos prometieron un proyecto industrial con inversiones que nos iba a garantizar un futuro y estamos abandonados”.

Sucesivos desengaños

Aunque los empleados no han abandonado las movilizaciones, es masca el desánimo en las palabras de Corbacho, que recuerda los sucesivos desengaños, desde que Alcoa vendiera la planta a Parter Capital (una operación auspiciada por el Ministerio de Industria) y la venta sorpresiva (y supuestamente ilegal) del 75% de esta al Grupo Riesgo. Los trabajadores alertaron de continuas irregularidades y finalmente se descubrió que, lejos de emprender un proyecto industrial, se estaba dedicando a desmantelar la fábrica, que se cerró en agosto. Ahora el caso se encuentra en la Audiencia Provincial pero las consecuencias llegaron en forma de concurso de acreedores.

El vicepresidente segundo y conselleiro de Economía, Francisco Conde, anunció ayer que la Xunta trabajará conjuntamente con el administrador concursal de Alu Ibérica A Coruña para “identificar opciones” de garantía para la actividad industrial y elaboró un cuaderno de ventas que habría interesado a dos compradores. “Si hay algún proyecto industrial en las plantas será sin trabajadores. No se producirá aluminio en España. Nos han mentido durante estos últimos tres años”, resume Corbacho.