El pulso de la vida política local se centra en los 27 miembros de tres partidos políticos distintos que conforman la Corporación municipal. La actividad que desarrollan está subvencionada por el propio Ayuntamiento, que no solo les abona sus sueldos, sino también unas dotaciones no sujetas a fiscalización que se han incrementado de forma notable en un año. Esto ha llamado la atención del Tribunal de Cuentas, y este órgano de supervisión a nivel nacional ha criticado que esta subvención, que se emplea para cubrir los gastos del funcionamiento interno de cada grupo (sin contar sueldos) no tenga ningún control.

En efecto: en 2022, cada uno de los grupos municipales recibía 500 euros al mes. Pero, además, recibía otros quinientos euros por cada uno de los concejales que formaban el grupo. En esa época, la Corporación municipal era mucho más diversa y estaba formada por cuatro grupos municipales (PSOE, PP, Marea Atlántica y BNG) y por tres concejalas no adscritas: Mónica Martínez (Ciudadanos), Isabel Faraldo (Podemos) y Susana Soneira (esta independiente), de manera que el gasto era de  15.500 euros al mes para las arcas municipales.

Las elecciones de 2023 despejaron el tablero de mesa de los partidos nacidos al calor de la crisis de 2008. Con la Marea Atlántica y Podemos desaparecidos, el PP (12), el PSOE (11) y el BNG (4) se repartieron la representación. Y el dinero, claro está: el componente fijo por grupo municipal se dobló, llegando a los mil euros mensuales, y también creció, en un 50%, lo que cada partido recibe por concejal, hasta llegar a los 750 euros. Es decir, 23.250 al mes. O lo que es lo mismo, 279.000 anuales.  

Alegaciones

Pero lo que le preocupa al Tribunal de Cuentas no es la cantidad, sino que sea “incondicionada”. Es decir, que no está sujeta a ninguna restricción. Los grupos municipales pueden emplear este dinero como mejor les parezca. El Tribunal de Cuentas considera que se trata, a fin de cuentas, de una subvención, y que como todas, debería especificarse a qué se destina y cómo se ha gastado. El Ayuntamiento ha replicado que esto de “incondicionada” no lo ha inventado él, sino que procede de una ley orgánica sobre la financiación de los partidos políticos, y que precisamente por eso se diferencia de las subvenciones habituales.

Así figura en las alegaciones que ha presentado la alcaldesa, Inés Rey, al anteproyecto del informe. Sin embargo, el Tribunal de Cuentas, que ha publicado un informe hace poco más de una semana, considera que el Ayuntamiento no está cumpliendo su propia normativa interna al no comprobar que se está destinando el dinero al funcionamiento de los grupos municipales. Aunque el dinero va a parar a las cuentas de estos partidos, eso “no garantiza que los fondos se destinen al funcionamiento de los grupos”.

1,72 MILLONES
de euros al año es lo que cuestan al Ayuntamiento los sueldos del personal de los grupos municipales 

Además, el Tribunal de Cuentas ha comprobado que hay grupos municipales que utilizan el NIF del partido político con el que concurrieron sus miembros a las elecciones locales, lo que pone de manifiesto “una clara confusión respecto a la preceptiva separación entre el grupo y el partido político”. También le reprocha este órgano al Ayuntamiento que no haya exigido ninguna rendición de cuentas ni de control sobre las cuentas justificativas en los dos últimos ejercicios.

Además, las dotaciones son bastante generosas comparadas con los otros municipios examinados por el Tribunal de Cuentas, en el segundo puesto de la tabla  (entre 50.001 y 100.000 euros por concejal) que comparte con ciudades como Bilbao, San Sebastián, Sevilla o Valencia. Eso se debe a que incluye todos los gastos, no solo las dotaciones: personal administrativo,  asesores, teléfono e ingresos en efectivo que el Tribunal de Cuentas estima en 15.000 euros al mes.

El órgano supervisor insiste en que las dotaciones económicas a los grupos municipales tienen el carácter de subvenciones públicas y considera que, pese a lo que dice el interventor municipal en sus alegaciones, este sí tiene competencias para fiscalizar esta clase de ayudas. Al mismo tiempo, en materia de transparencia, critica que no se cuenta con normativa especifica para obligar a cada grupo municipal a rendir cuentas de cómo gasta el dinero público.