La Xunta ha acusado al Gobierno estatal de emprender una “huida hacia delante” al no asumir las consecuencias de la “chapuza” de las obras del dragado de la ría de O Burgo. La Consellería do Mar recordó esta mañana que ya se dirigió a través de una carta a finales de enero al Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico (Miteco) para instarle a abonar las compensaciones económicas a los mariscadores que vieron sus actividades paralizadas como consecuencia de las actuaciones. La misiva, explicaron, aún no ha obtenido respuesta. 

Así lo denunció la directora xeral de Desenvolvemento Pesqueiro, Marta Villaverde, durante un encuentro celebrado con representantes de la cofradía. Una reunión a la que no acudió ningún representante del Ministerio, una actitud afeada por la mandataria autonómica, quien aseguró que muestra el nulo interés y la falta de sensibilidad del Gobierno ante una situación que afecta a 70 familias. Así, acusó al Ejecutivo de “esconderse” y “no dar la cara” para no tener que dar explicaciones sobre la “chapuza” de un dragado lleno de deficiencias, así como de los motivos por los que no asume su “responsabilidad exclusiva” como promotores de la obra.

Numerosas deficiencias

Según señaló Villaverde, un informe elaborado por la asistencia técnica de la cofradía enumera que 24 de los 27 bancos marisqueros presentan “hoy un peor estado del que tenían antes del inicio de las obras”. Concretamente, el informe indica que todas las zonas de marisqueo a flote se vieron afectadas, así como 20 de los 23 bancos de marisqueo a pie. Entre las numerosas deficiencias de la obra, el informe detalla la reducción de las superficies productivas, variaciones en la batimetría, modificaciones de las características granulométricas y la presencia de irregularidades en el terreno, causadas por la maquinaria pesada empleada en los trabajos. La situación, según la Xunta, compromete gravemente el futuro del marisqueo en la zona y deja a los trabajadores en una situación de “incerteza”.

Por eso, Villaverde reiteró el apoyo del Gobierno gallego a las demandas de los profesionales de la ría, que exigen la corrección de estas deficiencias durante la ejecución del proyecto y el abono de las compensaciones económicas hasta que sea posible volver a faenar, como ya señalaba la declaración de impacto ambiental de la obra.  El documento, publicado en el BOE del 27 de septiembre de 2017, advertía que el cese de la actividad de marisqueo debía incluir el periodo que transcurre entre que terminasen las obras y el bivalvo alcanzase de nuevo un tamaño comercial. Un aspecto que, denuncian los trabajadores, se está incumpliendo de forma “fragante”. Es una situación, que, comentó Villaverde, “no parece entenderse en Madrid”. De esta manera, acusó al Gobierno central de actuar “de mala fe” y de intentar eludir sus responsabilidades tratando “de forma irresponsable y utilizando a los mariscadores como daño colateral” de que sea la Xunta quien asuma las consecuencias de una obra que “ejecutaron otros”.

La obra del dragado de la ría de O Burgo (que abarca los municipios de A Coruña, Cambre, Culleredo y Oleiros) se desarrolló durante más de dos años y cuando concluyó, en abril del año pasado, acabaron también las compensaciones económicas que los mariscadores recibían por su inactividad. Esa situación ha llevado a estos profesionales a hacer varias movilizaciones para reclamar más ayudas durante el tiempo que no puedan trabajar a través de diversos cortes de tráfico y manifestaciones tanto frente a la Casa del Mar como la Delegación del Gobierno.