El Concello de Miño celebrará este jueves, 19 de septiembre, un pleno extraordinario y urgente previo al ordinario (que tendrá lugar inmediatamente después) para tramitar la solicitud de un préstamo de un millón de euros al Ministerio de Hacienda.

Esta decisión la toma el gobierno local tras recibir las sentencias del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de A Coruña en la que se obliga al Concello a pagar el justiprecio expropietario (que asciende a 552.895,08 euros de principal y unos 430.000,00 euros en materia de intereses) a diversos expropiados afectados por el proceso de expropiación forzosa del sector urbanizable residencial-deportivo Costa Miño, tramitado en su momento por el Ayuntamiento en beneficio de la entidad Fadesa Inmobiliaria.

En resumen, el escándalo urbanístico de Costa Miño vuelve a lastrar, una vez más, a la tesorería municipal; devolviéndola a un estado delicado del que, poco a poco, el gobierno local miñense está consiguiendo sacar al Concello gracias a su sensata gestión de los fondos públicos.

El regidor miñense, Manuel Vázquez Faraldo, agradece al Ministerio de Hacienda “que de salida a esta situación tan grave ofreciendo la alternativa de financiación con este tipo de préstamos, no teniendo que acudir a una entidad financiera en la que las condiciones serían menos ventajosas”.

El alcalde lamenta que “una vez más, el Concello se ve arrastrado por las consecuencias de decisiones urbanísticas tomadas en el pasado, en este caso vinculadas al escándalo de la génesis de Costa Miño. Nos enfrentamos a unas sentencias firmes que nos obligan a hacer frente a un pago considerable, tanto en concepto de principal como de intereses, lo cual pone en riesgo la estabilidad económica que tanto nos ha costado recuperar”.

Faraldo explica que “no es una situación que hayamos buscado ni generado, pero es nuestra responsabilidad encontrar soluciones. La solicitud de un préstamo de un millón de euros al Ministerio de Hacienda es una medida necesaria para proteger los recursos municipales y asegurar que sigamos cumpliendo con nuestras obligaciones, tanto con los expropiados como con los vecinos y vecinas de Miño. Sabemos que esto supone una carga adicional, pero no podemos permitir que el Ayuntamiento retroceda en todo lo avanzado”.

Además de este grupo de sentencias, siguen pendientes de dictar las correspondientes a otra quincena de fincas, que supondrán un importe total similar.

Por último, el regidor lamenta profundamente “que, una vez más, tengamos que destinar recursos municipales a reparar decisiones del pasado, pero es nuestra prioridad garantizar que este revés no deteriore los servicios públicos ni las inversiones que ya están en marcha para el beneficio de todos los vecinos de Miño”.