Un pleno un tanto monótono en el que reinaba la unanimidad a la hora de dar luz verde a los puntos del orden del día, dio paso a un acalorado debate, entre los portavoces de los grupos políticos representados en la Diputación, cuando se planteó la problemática de la okupación de viviendas.
 

No obstante, el consenso comenzó a quebrarse cuando la Marea presentó una moción en el que sugería un plan sectorial para el monte gallego.
 

El texto instaba a la Xunta a diseñar, en colaboración con los ayuntamientos, la creación de un programa para las áreas forestales centrado en la prevención de los incendios y la promoción de especies autóctonas.
 

La propuesta contó con el respaldo de los diputados de todos los grupos salvo los del Partido Popular, que veían en la iniciativa una crítica velada al papel jugado por el Gobierno autonómico en los recientes incendios de las provincias de Ourense y Lugo.
 

Extremo este negado por el diputado Alberto Lema que era el encargado de defender una moción a la que se incorporaron enmiendas del PSOE y del BNG instando a la Xunta a que las ayudas destinadas a las víctimas de los siniestros cubran el 100% de los daños sin límite alguno.
 

Disparidad de criterios

Pero la división de opiniones ya fue total cuando el PP propuso que se aprobase una moción sobre la ocupación ilegal de viviendas. Muestra clara de la disparidad de criterios ante ella fue que representante de Alternativa dos Veciños, el alcalde de Oleiros, Ángel García Seoane, votó a favor de la moción popular, rompiendo así, por una vez, su tradicional apoyo a las posturas defendidas por los grupos de la izquierda.
 

Sin embargo, este posicionamiento tan singular tendría su explicación en el hecho de que, a lo largo de toda la semana, el regidor oleirense viene poniendo el grito en el cielo por un episodio de okupación que se ha registrado en el municipio, en concreto en la localidad de Bastiagueiro, y que todavía no se ha resuelto, a pesar de que afirma que ya existe una orden de desalojo.
 

La propuesta, por el escaso margen de un voto, no prosperó y fue finalmente rechazada. Lo que sí salió adelante, con la oposición del PP, fue una reclamación a la Xunta para que dote de más profesorado a los centros educativos y que recupere el sistema de gratuidad universal de los libros de texto.
 

Por otra parte, también se aprobó, en este caso de nuevo unánimemente, la moción presentada por el PSOE y el BNG en defensa de la flota pesquera y de la pesca de fondo gallegas.
 

Según la iniciativa, el sector pesquero está viviendo tiempos complejos y a esta situación se le añade “la intención de la Comisión Europea de prohibir todas las actividades relacionadas con la pesca de fondo”.