El gobierno local logró aprobar, en el último pleno, los nuevos pliegos del Servizo de Axuda no Fogar. La propuesta, que recibió el apoyo de Unión x Cambre, PSOE y Alternativa dos Veciños, y la abstención del PP, del BNG y de la concejala no adscrita, introduce importantes mejoras con respecto al contrato actual. Entre ellas, tal y como explicó la concejala de Servizos Sociais, Landa Díaz, se priorizará más “a calidade desta prestación” que el precio por hora.

Los nuevos pliegos del SAF, uno de los servicios esenciales municipales de mayor peso, tienen una duración de dos años, prorrogables por dos anualidades más en formato 2+1+1, ascendiendo su presupuesto base a 8.253.175,92 euros, en caso de que se ejecutasen ambas prórrogas anuales.

Esta nueva propuesta de contrato, en la que el personal de Servizos Sociais lleva trabajando desde el 2023, introduce numerosas mejoras con respecto al contrato actual, centrándose en especial en cambiar los criterios de valoración de las propuestas de las empresas. “Nos criterios de valoración actuais primaba máis o prezo, pero no novo contrato vaise puntuar para que prime máis a calidade do servizo que o prezo por hora”, indicó la edil de Servizos Sociais.

En este sentido, los nuevos pliegos pasan a valorar con 55 puntos la formación, lo que supone 30 puntos más que en los anteriores, con 35 puntos para el plan de formación y otros 20 para un plan de contingencia. Este cambio se refleja en la valoración del precio, que pasa de contar 55 a 25 puntos. Además, se mantiene la puntuación de 20 para las ayudas técnicas.

Otras mejoras

“Nos pregos faise unha relación máis detallada das persoas beneficiarias do servizo, os seus dereitos e as súas obrigas”, destacó Díaz, que expuso varias de las mejoras centradas en mejorar tanto las condiciones de las personas usuarias como del cuadro de personal. Sobre este aspecto, se introducen un mínimo de dos formaciones al año, la elaboración de protocolos de acoso laboral, de intervención y de actuación en situaciones de especial dificultad, la realización de reconocimientos médicos o la dotación de móviles y de prendas de trabajo.

“Quedarán excluídas do servizo todas aquelas tarefas que poñan en perigo a saúde do persoal auxiliar ou que excedan as súas responsabilidades”, destacó la edil de Servizos Sociais, que citó como ejemplos “a limpeza xeral dos domicilios, limpeza de cristais, compras fóra da zona de residencia, trámites bancarios, ou amaños na vivenda”. Además, se especificarán servicios sanitarios que quedarán excluidos, como “inxectar insulina ou poñer e quitar bolsas de colostomía ou sondas”.

Con respecto a las personas usuarias, se establecerá un mínimo de 72 horas para cancelar un servicio y que no se cobre, además de los casos en los que se acuda al médico. La empresa tendrá también la obligación de avisar con 48 horas de antelación al trabajador familiar si tuviese conocimiento de que no se va a prestar el servicio en el domicilio. En caso de que no se cubra un servicio por una urgencia de trabajador familiar, la empresa tendrá que cubrir el servicio dentro de las franjas horarias ajustadas a las necesidades de la persona usuaria.

“Agradecemos os votos a favor e as abstencións para sacar adiante estes pregos. Criticouse o servizo actual, pero quero lembrar que hoxe non debatemos iso, aquí aprobamos a licitación, e logo a proposta irá a exposición pública, na que se poderán facer alegacións e introducir melloras”, destacó durante la sesión plenaria la alcaldesa, María Pan Lesta, que señaló a la Xunta por delegar competencias en los municipios.

En la misma línea se manifestó la concejala de Servizos Sociais, Landa Díaz: “Son competencias que estamos asumindo nos concellos, competencias que deberían ser da Xunta, xa que o que temos hoxe en día é unha pequena subvención que non axuda a cubrir todas esas necesidades que estas persoas día a día nos solicitan no departamento.”