Mónica Martínez ha renunciado al cargo de concejala de Deportes en el Ayuntamiento de A Coruña, que ostentaba desde finales de 2020, después de que el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) confirmara la nulidad de su nombramiento como responsable de esa área dentro del Gobierno municipal.

 

Martínez, que se había presentado a las elecciones municipales de 2019 por Ciudadanos, abandonó meses después ese grupo, pero sin renunciar a su acta, y posteriormente asumió la citada Concejalía.

 

El alto tribunal gallego ratificó que la edil deberá reintegrar a la Administración municipal las cantidades que percibió como consecuencia del nombramiento anulado, es decir, las que resultan de la diferencia entre las cobradas en su condición de responsable de Deportes y las que le correspondían con anterioridad como concejala.

 

En un comunicado, el Gobierno municipal ha explicado que "acata la sentencia", aunque no comparte "el razonamiento" de los jueces "dado que la decisión tomada estaba avalada por informes jurídicos y no modificaba la mayoría plenaria".

 

En todo caso, ha apuntado que dará "cumplimiento al fallo judicial y, tras evaluar con los servicios jurídicos las posibilidades de recurso por parte del Ayuntamiento, Mónica Martínez, de mutuo acuerdo con el Gobierno, renuncia a las competencias delegadas de Deportes que serán asumidas por la Alcaldía en los próximos días".

 

El Gobierno que dirige Inés Rey ha destacado "el trabajo ejemplar y dedicación de la concejala de Deportes durante todo su período al frente del área" y ha asegurado que "mantendrá los mismos objetivos y proyectos liderados hasta el momento por la edil".

 

"El Gobierno respeta todas las acciones jurídicas que pueda emprender la concejala en su defensa al existir un voto particular sobre los efectos económicos de la sentencia", añade el comunicado.

 

Ese juez asegura que "no procedía ordenar el reintegro de las retribuciones que en exceso había recibido la concejala, por más que las resoluciones de la alcaldesa fueran disconformes a derecho, tanto en cuanto al alcance económico, como al político de su anómala decisión", y considera que “si la concejala disponía de un título jurídico, en su momento legítimo, y si la entidad local se vio favorecida por los trabajos y decisiones que adoptó, tenía que retribuirlos, pues de otra manera se produciría un enriquecimiento indebido para las arcas municipales".

 

El portavoz del Bloque Nacionalista Galego (BNG) en el Ayuntamiento, Francisco Jorquera, ha considerado que "la alcaldesa debe dar explicaciones y asumir responsabilidades políticas".

 

“El criterio del BNG siempre fue muy claro. Una persona elegida en las listas de una formación política debe renunciar a su escaño si abandona la fuerza con la que concurrió a las elecciones. Lamentablemente, el Gobierno local no compartió ese criterio y la alcaldesa hizo un nombramiento del que ahora se derivan responsabilidades políticas”, ha afirmado.

 

Marea Atlántica, por su parte, entiende que la Justicia les da la razón y señala que el nombramiento de la concejala fue un "caso de transfuguismo".